El castrismo respondió al gobierno de Estados Unidos, por denunciar la represión durante el 2020 en un reciente informe anual que examina violaciones de derechos humanos, e influye en el posicionamiento del Congreso respecto a los regímenes mencionados.
Un artículo publicado en el diario Granma, órgano oficial del gobernante (y único) Partido Comunista de Cuba, rechaza el “documento del Departamento de Estado norteamericano –de la actual administración demócrata– en el que se acusa a Cuba, Venezuela y Nicaragua”.
Elson Concepción Pérez, veterano vocero del régimen, se pregunta en Granma “cómo es posible que un nuevo gobierno en Washington”, mantenga las acusaciones de Trump contra los dirigentes de La Habana. Omite que, mientras en la democracia de EEUU se elige otro presidente cada cuatro años, y las violaciones que pudieran ocurrir son denunciadas por la prensa libre y encausadas judicialmente, en la Cuba el PCC desde hace seis décadas oprimen los mismos, que no permiten oposición ni crítica y sí persiguen –con toda la fuerza del Estado– a quienes disienten. Los mandatarios norteamericanos cambian, el castrismo y sus abusos no.
En el Granma se victimiza a los mencionados regímenes autoritarios que, en vez responsables de sumir en la precariedad y el terror a sus poblaciones, serían inocentes que “sufren sanciones criminales aplicadas por ellos”, los EEUU.
Según el comentarista del periódico de propaganda, con el documentado informe “pretenden engañar a alguien con esos cuentos, cuando saben todos (…) que si un ejemplo vivo de respeto a los derechos humanos hay en este hemisferio, es el de Cuba”. Incluso, contra la evidencia existente y las denuncias reconocidas hasta por la ONU, afirma que en toda la época del castrismo no se conoce “de torturas ni de muertes extrajudiciales”.
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El artículo, en la cuerda de la posverdad, sostiene que la dictadura es “referencia mundial en todos los aspectos, como el pleno derecho universal a la educación y a la salud, de calidad y gratuitas, al trabajo remunerado y a la plena garantía establecida por la Constitución, de ejercer el derecho libre al voto, de formar parte de instituciones sociales y de masas y de practicar la religión que cada cual prefiera”.
Se afirma en el Granma que “a ese gobierno [de EEUU] que imputa deberían sentarlo en el banquillo de los acusados”, y niega en Cuba haya “fundamentalismo” político. Tildan el informe de Departamento de Estado de “acusaciones totalmente cínicas”.
El señalamiento a la represión del castrismo y sus aliados, según Concepción Pérez, forma parte del empeño de “hacer colapsar la Revolución Cubana, la Bolivariana de Venezuela y la Sandinista de Nicaragua”.
¿Por qué la arremetida contra EEUU?
En el Informe Anual sobre Derechos Humanos, presentado por el secretario de Estado Antony Blinken esta semana, el gobierno norteamericano es claro al señalar numerosas violaciones a las libertades, e incluso torturas y tratos crueles, del castrismo contra sus ciudadanos.
Por ello, la administración Biden asegura que Estados Unidos mantendrá su posición de “no dar dinero” a las “regímenes autoritarios y corruptos” de Cuba, Venezuela y Nicaragua, violadores de derechos humanos.
Según dijo Namita Biggins, portavoz del Departamento de Estado, quieren “apoyar a la sociedad civil” y “las organizaciones no gubernamentales”.
“No queremos apoyar a estos regímenes autoritarios y corruptos”, expresó la funcionaria en una entrevista con la Voz de América (VOA).
Señaló a la dictadura de Cuba como “la influencia maligna” en América Latina, que ha conseguido penetrar en Nicaragua y Venezuela. La situación de derechos humanos en la isla “es deplorable y sigue deteriorándose”, advirtió.
“Además en Cuba hemos visto la restricción de circulación no solo dentro del país sino también del derecho a salir del país. Los cubanos están luchando por sus derechos humanos y por su dignidad”, dijo Biggins.
Denunció que, sobre los gobiernos con sede en La Habana, Caracas y Managua, “se han dado informes continuos de abusos policiales, de detenciones arbitrarias, incidentes de tortura, ejecuciones extrajudiciales y un uso excesivo de la fuerza”.
El mencionado informe, que suscitó la respuesta castrista del Granma, sirve de referente al Congreso a la hora de aprobar presupuestos para ayudar a otros países. Aunque el presidente Joe Biden ha asegurado que priorizará la preservación de los derechos humanos en su política exterior, se desconoce si ONG y otras instituciones con presencia en los países con más vulnerabilidades serán los que recibirán más dinero, informó VOA.
Aunque rechazó “especular sobre qué medidas, acciones o cuánto dinero el Congreso o el Poder Ejecutivo puede dar a estos países”, Biggins sí expresó que “estos informes son muy importantes para formular nuestra política exterior y para tomar decisiones”.
“Vamos a seguir apoyando a los defensores de los derechos humanos y los derechos humanos van a ser parte de cada conversación, cada reunión, y vamos a seguir trabajando a nivel multilateral con nuestros socios y aliados para que haya una diferencia”, concluyó la vocera.
¿Qué dice el informe sobre violaciones de derechos en Cuba?
En su Informe Nacional sobre prácticas de derechos humanos en Cuba durante 2020, el Departamento de Estado refiere que la isla mantiene un estado autoritario y los miembros de las fuerzas de seguridad “cometieron numerosos abusos”.
Se advierte además que la Policía Nacional Revolucionaria y unidades especializadas de la rama de “seguridad estatal” son responsables de monitorear, infiltrar y reprimir la actividad política independiente. También se denuncia que hubo “severas restricciones al derecho de reunión pacífica y la denegación de la libertad de asociación, incluida la negativa a reconocer las asociaciones independientes”, así como fuertes restricciones a la libertad religiosa. “Los ciudadanos no pudieron cambiar de gobierno mediante elecciones libres y justas”, se subraya en el informe.
“Al menos ocho presos murieron bajo custodia en diversas circunstancias sospechosas (…) Hubo informes confirmados de desapariciones prolongadas por parte de las autoridades gubernamentales o en su nombre. Hubo múltiples informes de activistas detenidos cuyo paradero se desconoció durante días o semanas porque el gobierno no registró estas detenciones, muchas de las cuales ocurrieron en sitios no registrados”, añade el documento, entre muchas otras violaciones.
