El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un Informe Nacional sobre prácticas de derechos humanos en Cuba durante 2020. Refiere el documento que la isla mantiene un estado autoritario y los miembros de las fuerzas de seguridad “cometieron numerosos abusos”.
Se advierte además en el amplio y detallado informe, que la Policía Nacional Revolucionaria y unidades especializadas de la rama de seguridad estatal son responsables de monitorear, infiltrar y reprimir la actividad política independiente.
Entre las violaciones de derechos humanos que advierte EE.UU. se realizaron en Cuba durante el año anterior, se incluyen: “ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el gobierno; desaparición forzada; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; problemas importantes con la independencia del poder judicial; e interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad”.
Reconoce el Departamento de Estado que “la libertad de prensa funcionalmente no existe” y se utilizaron leyes penales contra personas que criticaban el liderazgo del régimen. “El gobierno se dedicó a la censura y al bloqueo de sitios de Internet, y hubo graves limitaciones a la libertad académica y cultural”, refiere el informe.
También se denuncia que hubo “severas restricciones al derecho de reunión pacífica y la denegación de la libertad de asociación, incluida la negativa a reconocer las asociaciones independientes”, así como fuertes restricciones a la libertad religiosa. “Los ciudadanos no pudieron cambiar de gobierno mediante elecciones libres y justas”, se subraya en el documento.
Denuncia el Departamento de Estado además, que funcionarios castristas, “bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de las violaciones de derechos humanos”. “Como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni procesaron a quienes cometieron estos abusos. La impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada”.
“Al menos ocho presos murieron bajo custodia en diversas circunstancias sospechosas (…) Hubo informes confirmados de desapariciones prolongadas por parte de las autoridades gubernamentales o en su nombre. Hubo múltiples informes de activistas detenidos cuyo paradero se desconoció durante días o semanas porque el gobierno no registró estas detenciones, muchas de las cuales ocurrieron en sitios no registrados”, añade el informe.
Reconoce EE.UU en esta investigación, que durante 2020 en Cuba, “miembros de las fuerzas de seguridad y sus agentes acosaron, intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y prodemocracia, disidentes políticos y manifestantes pacíficos, y que lo hicieron con impunidad. Algunos detenidos y presos sufrieron abusos físicos por parte de funcionarios penitenciarios u otros reclusos a instancias de los guardias”.
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Se precisa además cómo el régimen cubano amplió los poderes de arresto arbitrario con el pretexto de controlar la pandemia de COVID-19. La ONG Human Rights Watch en diciembre de 2020 publicó un informe que documenta 34 casos en los que las autoridades invocaron las reglas relativas a la pandemia para atacar a los críticos del gobierno y otros.
Se cuestiona además, la negación del gobierno de que existen presos políticos en la isla, y el rechazo a que organizaciones humanitarias internacionales y las Naciones Unidas puedan acceder a las cárceles.
La ONG Cuban Prisoners Defenders estimó que había 134 presos políticos condenados cumpliendo hasta el 1 de diciembre. Otros grupos registran cifras diferentes, aunque las cifras oscilaron constantemente cerca de 100 o más.
En el Informe Nacional sobre prácticas de derechos humanos en Cuba durante 2020, se condena también, la vigilancia arbitraria por parte del gobierno de la actividad en Internet.
“El gobierno no toleró la crítica pública a funcionarios o programas gubernamentales, y limitó el debate público de temas considerados políticamente sensibles. Varias leyes penalizan aspectos de la libertad de expresión”, se advierte.
Se critica el “uso de la ley de difamación de carácter para arrestar o detener a personas críticas con el liderazgo del país. Las autoridades arrestaron y acusaron con frecuencia a personas del vago delito de 'desacato a la autoridad'”.
El informe recoge que el gobierno cubano no ha respondido a las solicitudes de activistas de derechos humanos para que sea aprobada una Ley integral contra la violencia de género, a pesar de los crecientes informes de feminicidios durante la pandemia. “La plataforma en línea Yo Sí Te Creo documentó al menos 32 víctimas de feminicidio, incluidas 29 mujeres cubanas, dos mujeres canadienses y tres menores de edad. Los medios de comunicación oficiales no informaron de ninguno de estos asesinatos”, se detalla en el documento.
También se expone que el gobierno no reconoció a los grupos nacionales de derechos humanos ni les permitió funcionar legalmente; así como las organizaciones de activistas de la comunidad LGBTQ+.
Se incluye en el informe el caso del afrocubano, Hansel Hernández Galiano, quien falleció el pasado 24 de junio a manos de un policía y se precisa la tergiversación de los hechos ocurridos en los medios estatales.
También se hace referencia a las arbitrariedades cometidas contra los opositores Silverio Portal Contreras, Keilylli de la Mora Valle, el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, las Damas de Blanco, el rapero contestatario y prisionero político Denis Solís, Luis Manuel Otero Alcántara, artista y líder del Movimiento San Isidro (MSI), el rapero Maykel Osorbo, la historiadora de arte Claudia Genlui, los periodistas Carlos Manuel Álvarez y Camila Acosta, el médico expulsado de su residencia estudiantil y centro de trabajo por razones políticas Alexander Raúl Pupo Casas; y se detalla el caso de Ariel Ruiz Urquiola, biólogo y activista por la justicia ambiental y los derechos LGBTI.
También se denuncia la presencia de la Seguridad del Estado cubanos en países como Venezuela y Nicaragua, “donde capacitaron y apoyaron a otras organizaciones en el uso de tácticas represivas y abusos contra los derechos humanos y, en ocasiones, participaron directamente en los abusos”.
