La guerra contra los emprendedores no es nueva y ningún trabajador independiente en Cuba podrá albergar muchas esperanzas bajo un régimen que los ha considerado siempre un mal necesario. En los últimos días, esta cruzada se ha incrementado en la provincia de Holguín.
Según el semanario del Partido Comunista AHORA, en su edición del 4 abril, al gobierno lo mueven “…las complejas circunstancias que vivimos, donde la unidad, la sensibilidad y el apoyo de todos es vital para ganar el combate a la COVID-19”.
El Consejo de Defensa Provincial incrementó por esos días acciones contra supuestos violadores de las normas establecidas y mandó a sus ejércitos de inspectores a las calles. Han hecho zafra multando a troche y moche, sobre todo a los trabajadores por cuenta propia.
Aunque se realizó una inspección mayorista a la empresa estatal de Acopio donde, según el periódico oficial, se detectaron violaciones a la política de precios en el tomate y se impusieron cinco multas. Tres de esas penalizaciones fueron de un monto de 10 pesos cubanos (aproximadamente 0.50 centavos de dólar), por error de código y descripción en facturación; una de 50.00 pesos (2 dólares) y otra por un valor de 100 pesos (4 dólares) por incumplimiento del plan de medidas orientadas en una inspección anterior.
Cuando comparamos las sanciones impuestas a entidades estatales, con las aplicadas a emprendedores por violaciones similares, encontramos que los montos son muy superiores. Por ejemplo, salta a la vista en el control realizado a las cafeterías ubicadas a un costado de la Universidad de Ciencias Médicas, que prestan servicios tanto a esta entidad como a pacientes y acompañantes en el hospital V.I Lenin.
Allí se aplicaron tres multas cada una por 1000 pesos (equivalentes a 40 dólares) a trabajadores privados que vendían jugos y otras bebidas por encima del precio topado para estos productos. Es evidente que no somos todos iguales ante las leyes del régimen.
Aclaro que no estoy de acuerdo con que se violen normas y mucho menos que se abuse de consumidores necesitados, pero tampoco apoyo que las entidades estatales tengan privilegios ante los negocios independientes, a fin de cuentas la corrupción generalizada en el país sigue teniendo como principal causa la ineficacia de los gobernantes.
Pero lo que más ha resaltado es que se enfatiza en la suspensión de licencias para los vendedores ambulantes de viandas y vegetales, justo en el momento en que más falta hace el servicio a domicilio.
Tanto tirando de carretillas, como usando carretones con caballos, estos trabajadores recorren la ciudad acercando los productos a las puertas. Es verdad que muchos son abusivos con los precios, pero también que son capaces de ofertar productos de muy buena calidad, muchos de ellos desaparecidos hace años de los mercados estatales.
En estos proveedores, si bien no hay heroísmo, tampoco son el lobo del cuento. Hay que tener en cuenta varios aspectos antes de emprenderla en su contra.
No han sido ellos, sino el estado, quien ha impulsado la ley de oferta y demanda aplicada bajo una política incorrecta que no garantiza una alta productividad, de manera que exista siempre un equilibrio entre ambas faces del mercado.
En segundo lugar, deben adquirir los productos en lugares muchas veces alejados de la ciudad, a precios que ponen los productores, según las inversiones que hicieron para lograr producir las cosechas. Mientras, el gobierno no ha sido capaz de establecer un mercado mayorista donde adquirir los productos a precios aceptables lo que ayudaría al descenso del monto que se le cobra al consumidor.
Por otra parte, transportar las mercancías sorteando a cuanto inspector y policía se cruza en el camino, no es tarea fácil en un país donde hay más caciques que indios y cuyos aparatos de control son excesivamente grandes y corrompidos. Tener que “tocar” con un soborno a mucha gente también encarece la inversión del comerciante y hace que suban los precios.
Ante estas circunstancias pregunto: ¿cuándo empezarán a multar a los inspectores y policías que agobian a los emprendedores con sus pedidos? ¿Quién regula y fiscaliza a estos funcionarios que acuden a los negocios particulares con las jabas abiertas y el talonario de multas en ristre?
Lo más importante: ¿cuándo será el estado capaz de surtir los mercados con productos de todo tipo, con calidad y en suficientes cantidades? ¿Cuándo serán capaces las “empresas socialistas” de ser eficientes más allá de las consignas?
El ciudadano común necesita que bajen los precios, es cierto (y con urgencia), pero seguro no sucederá con los funcionarios imponiendo políticas que no estén acordes a la realidad, desde la comodidad de una oficina climatizada y con una despensa nutrida.
Bajarán los precios el día que el estado libere las fuerzas productivas, haga una eficaz distribución de la tierra a los campesinos, cuando el pueblo de Cuba sea dueño verdadero de los medios de producción agrícolas o industriales. Pero todo eso generaría riqueza gestionada por manos de privados, algo que para el Estado es un pecado.
Por tanto, probablemente los precios serán cada día más elevados, los abusadores oportunistas seguirán impunes y continuarán pagando los honrados de a pie por las culpas de los ladrones.
Nota del editor: Desde este miércoles 8 de abril, ante el avance del coronavirus, se cerraron cafeterías y restaurantes de Holguín y solo se oferta comida para llevar. Se limitó el horario de servicio en toda la red gastronómica hasta las 8 de la noche. Se eliminó, además, la venta de bebidas al detalle o para consumir en el lugar.
