La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), que se encarga de recolectar los impuestos que pagan los trabajadores del sector privado en Cuba, ha incrementado el número de sanciones contra un grupo de cuentapropistas a quienes acusa de “burlar al fisco”, informa un reporte del periódico Trabajadores.
La publicación, teóricamente diseñada para defender los derechos de la clase obrera cubana, asegura que durante los últimos años la ONAT ha debido responde contra los infractores, luego de conocer “mediante diversas comprobaciones” las formas en que “operan” los acusados de evasión.
La subdeclaración de ingresos, la utilización de recursos “de procedencia ilícita”, las trampas en la contabilidad y declarar menos trabajadores contratados de los que en realidad laboran en los negocios, serían las violaciones más frecuentes de la política tributaria vigente en la Isla.
Sonia Fernández, la directora jurídica de la entidad estatal, aseguró al periódico que actualmente “es difícil que no se detecten las evasiones al fisco”, y explicó que desde 2018 “hay una intensificación del rigor en las acciones de control fiscal”, lo cual estaría dado por el incremento de las auditorías “con técnicas más avanzadas”.
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De acuerdo con las autoridades tributarias, “ningún territorio está exento del problema”, pero las provincias de La Habana, Holguín, Matanzas y Camagüey, son las que más infractores reportan.
“En 2018 los tribunales dictaron 67 sentencias por evasión fiscal, con 155 personas sancionadas”, reveló la funcionaria. Asimismo, en los primeros siete meses de 2019, por el mismo delito se había sancionado a 71 contribuyentes.
Los condenados por evasión fiscal pueden perder derechos civiles como el derecho al voto o salir del país, comentó la jurista, y dijo que en “casos más graves” se ha aplicado medidas como el decomiso de los bienes que los tribunales consideraron “mal habidos”.
En Cuba las penas por evasión fiscal pueden llegar a ser de hasta ocho años de cárcel, indica la información.
Asimismo, Fernández mencionó el ejercicio de las actividades autorizadas más allá de su alcance, y el uso de “testaferros” para algunas actividades, como parte de las violaciones que constituyen delitos.
Los vínculos de la ONAT con otras instituciones como dependencias del Transporte, el Turismo o la Policía, le permiten detectar y mandar a los tribunales muchos de los casos, que habitualmente se presentan junto a otros delitos como “actividad económica ilícita, contrabando, lavado de activos, cohecho, y falsificación de documentos”, ilustró la funcionaria.