El régimen cubano sancionó al preso político Andy Dunier García Lorenzo, encarcelado por las protestas antigubernamentales del 11 de julio (11J), a dos meses sin llamadas telefónicas por dar datos sobre presos a sus familiares a través del proyecto “Ayuda a los valientes del 11J”.
Así lo hicieron saber familiares de García Lorenzo en un mensaje enviado a esta revista, según el cual el joven está siendo amenazado con que se agregará a su petición fiscal el delito de "instigación a delinquir" si sigue ayudando a los presos y que será juzgado por lo que “su familia haga afuera”.
“Amenazan a todos los de su alrededor para que no se acerquen a él y tratan de mantenerlo aislado del resto de los presos. Pero aun así continúa firme y dispuesto a pasar por encima de todo y nunca negociar con la Seguridad del Estado, bajo ningún concepto”, dijeron familiares en el mensaje.
De acuerdo con ellos, García Lorenzo “sabe el motivo por el cual aún continúa preso y sigue más firme que nunca, en la causa y luchando de alguna manera para que Cuba logre ser libre”.
Familiares del preso político confirmaron el 8 de diciembre que éste fue trasladado a la cárcel de Guamajal, en Santa Clara. Dos días antes habían presentado un recurso de habeas corpus, luego de jornadas sin conocer su paradero exacto, por lo que habían protestado en redes sociales.
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El 3 de diciembre, los padres de García, Tayri Lorenzo y Nedel García, lo visitaron en la cárcel La Pendiente, en donde no se encontraba ya ese día. Familiares de otros prisioneros le habían confirmado que su hijo fue sacado de las celdas con rumbo desconocido.
La Fiscalía de Villa Clara pide siete años de privación de libertad para el preso político, pero hasta el momento no hay fecha de juicio. García Lorenzo se mantuvo en huelga de hambre durante 10 días hasta el 29 de octubre.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, miles de cubanos fueron encarcelados y otros cientos juzgados bajo las figuras de “sedición”, “desacato”, “instigación a delinquir”, entre otras. Desde octubre la Fiscalía comenzó a exigir sanciones y se han celebrado algunos juicios.
Las sentencias dictadas hasta el momento oscilan entre pocos meses y más de 20 años de cárcel.
