Al cierre de junio de 2021, la ONG Prisoners Defenders (PD) reportó 11 nuevos presos políticos en Cuba, para un total de 152, confirmando así el regreso de la Primavera Negra.
La organización tiene registros de 42 nuevos convictos por motivos políticos desde marzo del presente año, para un promedio de más de diez casos mensuales.
Son 11 convictos de conciencia: Yoanio Bravo Torres (Partido Libertario Cubano José Martí), Arturo Sábado Martínez (FANTU), Lázaro Yuri Valle Roca (Agencia de Prensa Independiente Delibera), Ignacio Arias Martínez (independiente), Ramón Pérez Conde (Embajada Cívica Cubana), Yoandry Figueredo Torre Blanca (UNPACU), Cándido Chacón Puñales (UNPACU, revocado a prisión); la familia Miranda Leyva, del Comando Cívico Olegario Charlot Pileta: gemelas Ada Iris y Ana Iris Miranda Leyva, Fidel Manuel Batista Leyva y la madre de los tres, Maydolis Leyva Portielles.
También la ONG lamenta torturas y maltratos sobre Aymara Nieto Muñoz (Dama de Blanco), Damián de Jesús Hechavarría Labrada, Didier Eduardo Almagro Toledo, Pablo Moya Delá, Virgilio Mantilla Arango, Manuel de Jesús Rodríguez García, Mitzael Díaz Paseiro, Adrián Curuneaux Stivens, Toni Alberto Salazar Deulofeo, Manuel Santana Vega, Emeregildo Duvergel Delis, Yordanis Labrada Téllez, Alien Muchulí Montoya, Luis Ángel Leyva Domínguez, Yulisneis Richard Viel, Maikel Mediaceja Ramos, Noslén Ayala García, Eider Frómeta Allen, Laudelino Rodríguez Mendoza, Luis Robles Elizástegui, Yosvani Sánchez Valenciano y Carlos Manuel Figueroa Álvarez.
En los últimos 12 meses han formado parte de la lista, 205 casos de presos y condenados políticos en Cuba. Con 134 presos y condenados se inició junio de 2020 y desde entonces ingresaron 71 nuevos casos.
Prisoners Defenders asegura tener "la colaboración de todos los grupos disidentes de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos".
Dicha organización también reconoce otros 11,000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8,400 de ellos convictos y 2,538 condenados, censados con datos oficiales a 31 de diciembre de 2019, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como "pre-delictivos".
La organización considera que se trata de un procedimiento "infame y violatorio de los más básicos principios de justicia adoptados por toda la Comunidad Internacional y explicitados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
