Preso político sufre infarto durante huelga de hambre

Las autoridades del régimen negaron a Eldris González Pozo una licencia extrapenal por su condición de salud, incompatible con el sistema penitenciario de Cuba
Preso político cubano Eldris González Pozo
 

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El preso político cubano Eldris González Pozo sufrió un infarto mientras se encontraba en una huelga de hambre iniciada el 29 de abril, informó este jueves el Center for a Free Cuba en un comunicado.

Según su hija Evelyn González, Eldris González, detenido en el centro correccional Confianza, ubicado en la Carretera Mar Verde, de Santiago de Cuba, fue hospitalizado y tuvo que ser sometido de emergencia a una operación de corazón.

El prisionero había avisado sobre la huelga de hambre a su hija en un mensaje enviado el 29 de abril, tras ser dado de alta de una hospitalización previa y haber regresado al penal.

“Mi papá está plantado, es libertad o muerte. Me mandó una carta. ‘Evelyn hija mía, ya estos hijos de puta me sacaron del hospital negándome la atención médica. Y me llevan para la prisión. Necesito que le mandes esto a [Rolando Rodríguez] Lobaina y también estoy muy enfermo, estoy orinando sangre. Estoy plantado hasta la muerte o me atienden o me muero’”, informó Evelyn al activista y reportero independiente Rolando Rodríguez Lobaina.

La familia denunció el 28 de abril que el prisionero político se encontraba internado en el Hospital Saturnino Lora de la ciudad de Santiago de Cuba en estado de gravedad por complicaciones de su enfermedad, espondilitis anquilosante, una forma crónica de artritis que afecta la base de la columna vertebral. Según los allegados al pastor, en la cárcel le niegan los medicamentos y la atención médica en general.

En enero de este año, las autoridades del régimen le negaron a González Pozo una licencia extrapenal por su condición de salud, incompatible con el sistema penitenciario de Cuba.

“En la prisión le están negando la atención médica y lo están torturando con eso y negándole la libertad extrapenal. Mi padre tiene una prótesis total de cadera producto de la enfermedad y está muy mal de salud”, dijo la hija entonces.

Eldris González Pozo fue condenado a 3 años de prisión en abril de 2021 por los supuestos delitos de “desacato”, “atentado” y “desobediencia” por carteles antigubernamentales que aparecieron en la Ciudad de Santiago de Cuba en agosto de 2020. Según el Center for a Free Cuba se trató de “una causa inventada por la Seguridad del Estado”.

En Cuba hay al menos 1015 presos políticos, de ellos unos 874 cubanos encarcelados en la isla por las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, según el informe de abril de Prisioners Defenders (PD). En los últimos 12 meses, desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2022, han sufrido prisión política un total de 1218 cubanos, revela el último listado de la organización no gubernamental.

“Todos ellos son torturados, como quedó patente con el estudio científico y pormenorizado basado en más de cien casos tomados aleatoriamente y basado en 15 tipos de tortura [que fue] sometido al Comité contra de Tortura de las Naciones Unidas, que ha enfrentado con corrección y valentía el diálogo con Cuba”, afirmó PD en un comunicado.

Prisoners Defenders estima que en represalia por el 11J más de 5000 personas fueron detenidas y más de 1500 fueron procesadas penalmente, entre ellas muchas decenas menores de hasta 13 años de edad.

Más de 90 000 personas están encarceladas en Cuba, según datos oficiales proporcionados a Prisoners Defenders por “dos fuentes del más alto nivel del Estado” cubano, denunció este 2 de mayo Sebastián Touze, vicepresidente del Comité contra la Tortura de la ONU, citando un reporte de la ONG de enero de este año.

La organización reconoce más de 90 000 presos, a los que hay que sumar las 37 458 personas en “otras situaciones de control judicial y policial”, lo que arroja un total de 127 458 “entre convictos y condenados”.

“Por tanto, Cuba sería en realidad el primer país por personas privadas de libertad del mundo, si el ranking del Institute for Crime and Justice Policy Research, en vez de contemplar un dato falso suministrado por Granma de forma informal en 2012, tuviera en cuenta el dato real”, ha señalado la ONG. Quedaría por delante de Estados Unidos y El Salvador, entre otros.