El ciudadano cubano Ricardo Duque Solís, uno de los miles de manifestantes que salieron a las calles el 11 de julio a reclamar libertad, derechos y mejores condiciones de vida, denunció que no ha recibido la atención médica que requiere por sus padecimientos durante su reclusión en distintos establecimientos del régimen.
Duque Solís se encuentra privado de su libertad en el Combinado del Este, pero antes estuvo ocho días en la estación de Policía de Aguilera, en el reparto Lawton del municipio Diez de Octubre, y 15 días en el DTI del referido territorio.
En todos esos centros, según denunció al medio independiente Cubanet, lo privaron de la atención y los medicamentos que requiere por su hipertensión arterial y su condición de infartado.
“Yo soy hipertenso, tuve un infarto cerebral, y no me dieron atención médica ni medicamentos”, dijo Duque Solís, inspector estatal de Higiene y Epidemiología.
De 55 años, detalló a Cubanet que en horas de la tarde del 11 de julio llegó hasta el cruce de la calzada de Diez de Octubre y Enamorados, en el reparto habanero de Santos Suárez, donde reside, y pudo ver una patrulla policial volcada, a la que le tiró una pedrada.
“Yo pensé que las protestas se mantendrían durante todo el día”, dijo Duque Solís, apresado el 22 de julio en la carnicería de Diez de Octubre y Correa.
Por sus padecimientos, el recluso requiere también una dieta especial, que tampoco está recibiendo en el Combinado del Este, excepto en las pocas ocasiones en que sus familiares le han podido hacer llegar alimentos.
Lea también
Otros manifestantes cautivos en el mismo establecimiento penitenciario que Duque Solís refirieron a Cubanet que éste tiene descontrolada la presión arterial, lo que podría causar mayores daños a su salud.
Hasta el 20 de diciembre la organización independiente Cubalex, que brinda asistencia legal gratuita a las víctimas del abuso de poder por parte del régimen cubano, contabilizaba 1.320 personas detenidas a raíz de las protestas populares del 11 y el 12 de julio. De ellas, 698 permanecían encarceladas, incluidos 14 menores de 18 años.
Entre el 13 y el 23 de diciembre el régimen juzgó por el delito político de sedición a 32 participantes en las protestas y los condenó a entre 12 y 30 años de privación de libertad, según denunció el grupo Justicia 11J, que recopila denuncias de detenidos y desaparecidos tras las manifestaciones.
