La Fiscalía General de la República amenazó este 21 de octubre a los manifestantes del 15 de noviembre con acusarlos de “instigar a delinquir” y otros delitos si marchan ese día de manera pacífica.
“Teniendo en cuenta la intención expresada públicamente por los promoventes de mantener la convocatoria, la Fiscalía (…) inició el apercibimiento a varios ciudadanos que, de incumplir la decisión de las referidas autoridades, incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente”, amenaza una nota de este jueves.
El órgano del Estado cubano asegura que su advertencia está fundada en el artículo 156 de la Constitución, que explica el deber y misión de la Fiscalía en el cuidado del respeto a la ley por los ciudadanos.
En cambio, los promotores de la manifestación fundamentaron su convocatoria en el artículo 56: “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
La iniciativa de la marcha surgió en el grupo Archipiélago, fundado por el dramaturgo y actor Yunior García tras las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio.
Archipiélago decidió adelantar para el 15 de noviembre la manifestación planificada inicialmente para el 20 de ese mes, a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.
Decenas de ciudadanos en La Habana, Holguín, Santa Clara, Pinar del Río, Cienfuegos, Nuevitas, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo, entre otras localidades, firmaron documentos que notifican a las autoridades la intención de marchar demandando respeto a los derechos humanos y a favor de la libertad de los presos políticos.
García anunció en su Facebook que las autoridades comenzaron a citar a los organizadores de la marcha este 21 de octubre en las sedes provinciales de fiscalía, donde serían advertidos del carácter supuestamente delictivo de sus actividades.
El gobierno cubano ya reprimió a otros impulsores de la Marcha Cívica por el Cambio. El profesor universitario David Martínez y el médico Manuel Guerra fueron expulsados de sus trabajos esta semana. Otros, como García Aguilera y el historiador Manuel Cuesta Morúa, están sitiados en sus viviendas y con cortes de internet.
La liberación de los presos políticos, los cambios democráticos en la Isla y el respeto a los derechos humanos son las demandas de esta manifestación, que ya el régimen cubano declaró ilícita el 12 de octubre.
