La Comisión de Apoyo a los Manifestantes de la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el 15 de noviembre (15N), pidió este sábado al gremio de abogados y profesionales del derecho en Cuba dejar a un lado “los sesgos y prejuicios políticos” y actuar “en virtud de su profesión, de la objetividad y de la justicia”.
Mediante un comunicado compartido en los canales de la plataforma Archipiélago, organización que convoca a la marcha, la Comisión basó su pedido previo al 15N en el hecho de que muchos de los participantes en las protestas del 11 de julio “han debido enfrentar a las autoridades sin representación legal ni asesoría mínima”, a la vez que “diversas violaciones del respeto al debido proceso en los establecimientos penitenciarios o en las unidades policiales del país han quedado impunes por falta de asistencia letrada”.
A partir de esa experiencia, que Archipiélago y la Comisión de Apoyo a Manifestantes del 15N califican de espontánea, es que se hace el llamado al gremio de abogados y profesionales del derecho en Cuba.
“No es preciso que deban estar en concordancia con los valores que promueve la Marcha ni con los ideales de los promotores”, sólo que actúen en virtud de la justicia, sostiene el comunicado.
“Si usted es un profesional del derecho o funge en la práctica como abogado vinculado a la ONBC (Organización Nacional de Bufetes Colectivos) y está en disposición de colaborar asistiendo, representando o asesorando a los manifestantes del venidero 15 de noviembre, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros”, invita la Comisión de Apoyo.
Para tal fin compartió el correo electrónico apoyoarchipielago15N@gmail.com y el número de teléfono +34 644 19 21 22, mediante los que los miembros del gremio jurídico pueden establecer comunicación con el grupo de manera privada.
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La creación de la Comisión de Apoyo a los Manifestantes del 15N fue anunciada el domingo 24 de octubre. Según sus miembros, el ente acompañará todo el proceso de la marcha del 15 de noviembre y se constituye como un canal para procesar denuncias sobre las acciones represivas que el régimen ha alertado desplegará contra los manifestantes, familiares y amigos.
La comisión, cuyo surgimiento se produjo en un contexto de crecientes amenazas a los organizadores y ciudadanos que han manifestado su participación en la "Marcha Cívica por el Cambio", procesará denuncias de acciones represivas físicas y psicológicas.
El grupo está presidido por la doctora en Ciencias Ivette García González e integrado por reconocidos expertos, abogados y académicos como Ernesto Pérez Alonso, Eloy Viera Cañive, José Ottoniel Vázquez, Erick Brito Barrios, entre otros.
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Tras las protestas del 11 de julio, los órganos represivos del régimen cubano, en complicidad con las instituciones gubernamentales, detuvieron y procesaron a centenares de manifestantes, incluso algunos menores de 18 años.
Varios juicios transcurrieron sin la debida protección legal para los acusados bajo la figura del atestado directo, práctica sumaria que, junto a arbitrariedades y violaciones al debido proceso, busca evitar la Comisión con su protección a los participantes en la marcha del 15 de noviembre.
La iniciativa fue declarada ilícita por el régimen bajo argumentos que no convencieron a sus promotores y una lectura restrictiva de la constitución vigente y los escasos derechos de los que gozan los cubanos.
El oficialismo tacha de mercenarios y anexionistas a quienes han ratificado su participación pese a la declaración de ilicitud. Los órganos represivos amenazan y acosan a muchos de ellos, mientras que los medios oficialistas de comunicación realizan campañas de descrédito contra líderes y activistas destacados de la plataforma Archipiélago.
