Ante las amenazas del régimen a los ciudadanos que han manifestado su voluntad de participar en la Marcha Cívica por el Cambio, cubanos miembros de la plataforma Archipiélago, activistas, intelectuales, juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales crearon la Comisión Independiente de Apoyo a los manifestantes del 15 de noviembre.
Archipiélago detalló en un comunicado fechado este domingo que la comisión acompañará todo el proceso de la marcha y se constituye como un canal para procesar denuncias sobre las acciones represivas que el régimen ha alertado desplegará contra los manifestantes, familiares y amigos.
La comisión procesará denuncias de acciones represivas tanto físicas como psicológicas, y para recibirlas pone a disposición de los interesados el correo electrónico apoyoarchipielago15n@gmail.com.
Las denuncias también pueden hacerse a través del sitio web archipielagocuba.org. Archipiélago pidió en su comunicado que los mensajes que se dirijan a la comisión vayan “acompañados con todos los detalles posibles (texto, fotos, videos, audios u otra constancia) respecto al hecho y la persona reprimida, así como un número de localización y uno alternativo”.
Archipiélago dijo que, en virtud de las “difíciles circunstancias” en que “tiene que desenvolver su actuación como plataforma cívica en Cuba”, agradece y reconoce la creación de la Comisión Independiente de Apoyo a los manifestantes del 15N.
Lea también
El grupo está presidido por la doctora en Ciencias Ivette García González e integrado por reconocidos expertos, abogados y académicos como Ernesto Pérez Alonso, Eloy Viera Cañive, José Ottoniel Vázquez, Erick Brito Barrios y “otros compatriotas que se darán a conocer en los días siguientes”, precisó Archipiélago.
El surgimiento de la comisión se produce en un contexto de crecientes amenazas a los organizadores y ciudadanos que han manifestado su participación en la Marcha Cívica por el Cambio.
Durante este fin de semana la Seguridad del Estado ha citado a varios de ellos, luego de que la Fiscalía General de la República alertara que de persistir en sus intenciones, pese al carácter de ilícito que autoridades locales otorgaron a la iniciativa para evitarla, se enfrentarían a repercusiones legales.
