La fiscal Mabel Palacios Aties pide condenas de entre 15 y 27 años de cárcel para cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021, algunos de ellos detenidos siendo menores de edad.
Según su perfil de Facebook, Palacios Aties es natural de Santiago de Cuba y estudió en la Universidad de Oriente. El 16 de octubre publicó un post en la red social donde recordó a su “invicto Comandante en Jefe [Fidel Castro]”, para celebrar el acto de toma de posesión de nuevos fiscales en la Fiscalía Provincial de La Habana.
Palacios dijo que participó en la reunión “en firme reafirmación de nuestras leyes y de la Revolución”. Para esa fecha ya habían iniciado en los tribunales municipales y provinciales los juicios contra los particpantes en las protestas del 11J, el levantamiento popular más grande en la historia del socialismo caribeño.
Tres días después de que la fiscal Palacios declarara públicamente su adhesión al régimen castrista por encima de la justicia, se abrió la causa 14 de 2021 en la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado, del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
Según el Expediente de Fase Preparatoria 145-C/2021 del Órgano Especializado de Investigación Criminal del Delito, consultado por Diario de Cuba, la fiscal Palacios pidió de 15 a 27 años de privación de libertad por “sedición” para 22 acusados.
Entre los imputados “siete tienen entre 17 y los 19 años de edad: Nelson Néstor Rivero Garzón, de 17 años; Emiyoslán Román Rodríguez, de 18 años; Yensy Jorge Machado González, de 18 años; Frank Daniel Roy Sotolongo, de 19 años; Yassell Guerra Campos, de 19 años, y Marcos Antonio Alfonso Breto, de 19 años. Para todos ellos la petición fiscal fue de 15 años de cárcel. En el caso de Yeinier Ibañez Boudet, de 18 años de edad, la condena solicitada fue 18 años de prisión”, informó el citado medio independiente.
Además, los jueces Maikel Santana Cabrera, Lourdes García Gómez, Elizabeth Águila Camacho, Ileana Freijes Tejera y Fernando Torriente Llovet, mantuvieron “la prisión provisional para todos los acusados dada la presunta participación, posibilidades de evadir el proceso penal incoado y la lesividad social de los hechos imputados”.
Aunque en Cuba la adultez comienza legalmente a los 18 años, el régimen de la isla ha fijado en los 16 años la edad de responsabilidad penal, por lo que son juzgadas personas consideradas menores de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Desde julio, agrupaciones defensoras de los derechos humanos de la sociedad civil cubana como Cubalex y Justicia 11J han documentado la detención de 45 menores de 18 años, de los cuales 29 han sido excarcelados, aunque nueve están en espera de juicio con medidas cautelares de libertad bajo fianza o reclusión domiciliaria.
Exponer al represor judicial
Los cubanos están utilizando las redes sociales para identificar y difundir información sobre represores y colaboradores del régimen comunista, entre ellos los apoderados del sistema judicial que participan de las duras condenas políticas contra los manifestantes del 11J.
Este lunes se identificó al fiscal de Holguín Francisco Sera Planas, quien ha solicitado hasta 30 años de cárcel para los manifestantes en esa provincia, entre ellos adolescentes y personas con padecimientos mentales.
Según el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, Justicia 11J, en noviembre la Fiscalía Provincial de Holguín solicitó 18 años de cárcel para Samuel Torres Durán y 15 para Ayan Idalberto Jover, Ernesto Abelardo Martínez y Keyla Roxana Mulet, todos de 17 años de edad.
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William Manuel Leyva Pupo, de 20 años de edad, y para quién piden 18 años de prisión, padece trastornos psiquiátricos, señaló Justicia 11J. Leyva ha sido golpeado y torturado en la cárcel.
Todos los acusados en Holguín, que suman una treintena, están siendo procesados por el delito de “sedición”, utilizado de manera discrecional y sin pruebas suficientes por las autoridades contra los manifestantes, según el Centro de Información Legal Cubalex, que proporciona asistencia jurídica a víctimas de represión en la isla.
En La Habana, la fiscal provincial Liliam Fernández Berro, firmó la petición de 18 años de cárcel por la presunta comisión de “sedición” y “hurto” para Brandon David Becerra, detenido cuando tenía 17 años de edad, por participar en las protestas. El Expediente de Fase Preparatoria (EFP) No. 143/2021, firmado por esta graduada de la Facultad de Derecho en 2017, fue enviado a la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado.
“Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, indicó por su parte Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Fiscal elimina sus redes sociales para no ser identificado
En noviembre de 2021, trascendió que el fiscal provincial del Departamento de Procesos Penales de Mayabeque, Yerandy Calzadilla Dávalos, firmante de peticiones de hasta 25 años contra participantes en las protestas en ese territorio, eliminó sus redes sociales para no ser identificado.
Cubalex denunció la responsabilidad de Calzadilla Dávalos e indicó que reside en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque.
“Cubalex lo expone como parte de nuestro compromiso de visibilizar a los represores. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a denunciar”, pidió en redes sociales la ONG.
El fiscal provincial de Mayabeque está detrás del caso de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, quienes enfrentan condenas de ocho y diez años de prisión en Cuba por salir a las calles el pasado 11J.
Marta Perdomo, madre de los hermanos detenidos, emplazó a las autoridades judiciales de la provincia y a nivel nacional para “que no se dejen manipular por la política represora de este país y declaren inocentes a Jorge y Nadir”.
Acompañada de otros miembros de la familia, Perdomo señaló a los fiscales de Mayabeque Yerandy Calzadilla y Lourdes Pedroso; Yamila Peña, fiscal General de la República; Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular; Tamara Valido, gobernadora de Mayabeque y al mandatario del régimen Miguel Díaz-Canel, como responsables de cesar “las violaciones que han tenido con mis hijos”.
Las peticiones fiscales contra manifestantes del 11 de julio de 2021 ascienden hasta los 30 años de privación de libertad y varias han sido ratificadas por los tribunales.
De acuerdo con Cubalex, solo 91 manifestantes han sido liberados con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre uno y 30 años de privación de libertad —122 de ellos por cargos de sedición— y 24 han sido procesados en juicios ordinarios.
