Fiscal cubana pide juzgar por sedición a joven de 18 años

El Expediente de Fase Preparatoria (EFP) No. 143/2021, firmado por Liliam Fernández Berro, pide 18 años de cárcel para Brandon David Becerra.
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Liliam Fernández Berro, fiscal provincial de La Habana, firmó la petición de cárcel para Brandon David Becerra, un joven de 18 años arrestado por participar en las protestas de julio en Cuba, aunque las leyes del país lo prohíben.

El Expediente de Fase Preparatoria (EFP) No. 143/2021, firmado por esta graduada de la Facultad de Derecho en 2017, fue enviado a la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, para que Becerra recibiera condenas por los delitos de hurto y sedición, asegura Diario de las Américas

Por tanto, la fiscalía provincial le pide a Becerra 18 años de privación de libertad —la misma cantidad que tiene ahora— por el delito de sedición. Además, exige resarcir a la Policía por su presunta implicación en la destrucción de un auto patrulla el 11 de julio.

“Esto es muy abusivo, ¡muy abusivo! Mi hijo me dice: 'mamá yo no sé por qué estoy preso, si solo grité la verdad. Grité Patria y Vida y que Cuba tenía hambre'”, afirmó  a ADN Cuba Yanaisy Curbelo Rocío, madre del manifestante.

A inicios de septiembre, ella denunció que las autoridades negaron un cambio de medida a favor de Brandon. “Sin visitas (…) solo ellos tienen la última palabra. La libertad de mi hijo está en manos de Dios”, dijo la madre en redes sociales.

“Mi hijo fue detenido con 17 años. Cumplió 18 el 7 de noviembre, estando en la prisión. Lleva 4 meses en la Prisión de Jóvenes de Occidente de El Guatao. Me lo recogieron de aquí en La Habana, de la esquina de la casa, como un perro”, cuenta.

El 16 de julio, sobre las 2 y 30 de la tarde, se llevaron detenido y esposado a Brandon, un menor de edad en ese momento. “Andaba con su hermano menor, de 13 años, y se les tiró una patrulla con una guagua llena de militares, como si fuera un asesino”, recuerda su madre.

Los juicios por la presunta “sedición” todavía no comienzan. El régimen ha ido encerrando manifestantes acusados de “atentado”, “desorden público”, “instigación a delinquir” y otros delitos comunes que imputa para evitar reconocer a cientos de presos políticos.

Hasta el 23 de noviembre, el Centro de Información Legal Cubalex y el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, Justicia 11J, registraron un total de 1281 arrestos por las masivas protestas. Fueron excarceladas 551 personas, mientras que continúan detenidas 662, entre ellas más de 20 jóvenes cubanos de 18 años o menos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó preocupación por las detenciones de menores, e instó al régimen a proporcionar información verificada al respecto.

“Unicef está preocupado por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba. Hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación”, escribió la agencia en sus redes sociales.

Laritza Diversent, directora de Cubalex, declaró en una entrevista en video a ADN Cuba que estos procesos son “de los más preocupantes que hemos visto tras las protestas del 11J, porque la sedición es un delito contra la Seguridad del Estado”.

 

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