Entre los cientos de presos por motivos políticos en Cuba, al menos 14 de ellos fueron detenidos siendo menores de edad, tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 y 12 de julio pasado.
La campaña #LibertadParaLosNiñosDel11J se viraliza por estos días en redes sociales, principalmente en Twitter, para difundir los casos recopilados por el Centro de Información Legal, Cubalex, y el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos “Justicia 11J”.
La tendencia #LibertadParaLosNiñosDel11J se posicionó en Twitter el pasado 21 de noviembre. Ese día se registró 14 000 tuits con la etiqueta, según una investigación entre el medio independiente cubano YucaByte y el Observatorio Digital Probox (Venezuela).
Salomé García Bacallao –artista y activista cubana exiliada en España–, inició la tendencia con una publicación el 20 de noviembre del 2021. La joven denunció la represión contra Yudinela Castro, una madre que la policía política sitió el 14 y 15 de noviembre, para evitar que participara en la convocada Marcha Cívica por el Cambio.
Castro es madre de Rowland Jesús Castillo Castro, de 17 años, detenido desde el 16 de julio y para quien la Fiscalía solicitó 23 años de prisión por la presunta comisión del delito de “sedición”.
“#LibertadParaLosNiñosDel11J se trató de una tendencia con muy poco contenido inorgánico, es decir, producido por usuarios bot”, concluyó el estudio de Probox y YucaByte.
“Los mismos abogados que están representando a las personas no han llevado con responsabilidad ese trabajo. (…) cuando recibimos los expedientes de los acusados de sedición y encontramos que había menores de edad. Hay 11 menores de edad acusados de sedición, y había madres (…) que no habían tenido acceso a esos expedientes”, dijo García Bacallao, miembro de Justicia 11J, a YucaByte.
“De los menores que están privados de la libertad hemos recibido información de que están deprimidos. Algunos están enfrentando 10 y 15 años de prisión sin haber tenido nunca problemas con la justicia, y ahora perderán una parte importante en el desarrollo de sus vidas en un ambiente hostil, desde donde difícilmente podrán aportar a la sociedad y reinsertarse luego”, declaró Laritza Diversent, directora de Cubalex.
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El 19 de noviembre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), pidió a las autoridades del régimen comunista cubano información sobre los casos judiciales que involucran a menores de edad.
La Unicef refirió que una de las observaciones que realiza hace años el Comité de los Derechos del Niño (CRC) al gobierno de la isla, es la necesidad de elevar la edad de responsabilidad penal, fijada en Cuba en los 16 años.
En el 2015 expertos del CRC pidieron al régimen cubano redefinir la edad de responsabilidad de penal y tomar medidas para que el desarrollo de la industria hotelera no fomentara el turismo sexual infantil. Además, entre otras cuestiones expresaron preocupación porque los menores de edad deben inscribirse en el Servicio Militar Obligatorio.
Según Diversent, “en Cuba no se siguen los sistemas [internacionales] para prevenir la delincuencia juvenil y para proteger a los menores de edad cuando entran en conflicto con las leyes penales”.
Tales sistemas “exigen que a los niños y niñas no se les someta a procesos judiciales, y en Cuba [ese pedido] se cumple con los menores de 15 años. Sin embargo, sí los someten a internamiento, que es una manera de privación de libertad”, en centros controlados por militares del Ministerio del Interior, “lo cual tampoco es correcto”, añade la jurista.
Hasta el 23 de noviembre Cubalex y el grupo Justicia 11J registraron un total de 1281 arrestos por las masivas protestas. Fueron excarceladas 551 personas, mientras que continuaban detenidas 662, entre ellas más de 20 adolescente cubanos de 18 años o menos.
