Fiscal Yerandy Calzadilla elimina sus redes sociales para no ser identificado

Ha firmado peticiones fiscales de hasta 25 años contra manifestantes del 11 de julio en la provincia Mayabeque
Ha firmado peticiones fiscales de hasta 25 años contra manifestantes del 11 de julio en la provincia Mayabeque
 

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El fiscal provincial del Departamento de Procesos Penales de Mayabeque, Yerandy Calzadilla Dávalos, quien ha firmado peticiones fiscales de hasta 25 años contra manifestantes del 11 de julio en esa provincia, eliminó sus redes sociales para no ser identificado, denunció la organización Cubalex.

De acuerdo con este ONG, Calzadilla Dávalos reside en San José de las Lajas, provincia Mayabeque.

"Cubalex lo expone como parte de nuestro compromiso de visibilizar a los represores.  Ayúdanos a compartir, ayúdanos a denunciar", concluye la publicación de este 8 de noviembre.

 

 

El fiscal provincial de Mayabeque está detrás del caso de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, quienes se enfrentan a posibles condenas de ocho y diez años de prisión en Cuba por salir a las calles el pasado 11J.

Marta Perdomo, madre de los hermanos detenidos, emplazó a las autoridades judiciales de la provincia y a nivel nacional para "que no se dejen manipular por la política represora de este país y declaren inocentes a Jorge y Nadir".

Acompañada de otros miembros de la familia, Perdomo señaló a los fiscales de Mayabeque Yerandy Calzadilla y Lourdes Pedroso; Yamila Peña, fiscal General de la República; Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular; Tamara Valido, gobernadora de Mayabeque y al mandatario del régimen Miguel Díaz-Canel, como responsables de cesar "las violaciones que han tenido con mis hijos".

Los hermanos Martín Perdomo están presos desde el 17 de octubre de 2021 en sus viviendas en San José de las Lajas.

Las peticiones fiscales contra manifestantes del 11 de julio de 2021 ascienden hasta los 30 años de privación de libertad.

Varios manifestantes de la provincia Holguín tienen peticiones fiscales de 30 años por el supuesto delito de 'sedición', como es el caso de Yosvany Rosell García, obrero y padre de tres niños .