Arturo Feliciano Acosta Guillén es un activista de derechos humanos que ha trabajado desde los años 90 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que preside el opositor Elizardo Sánchez Santacruz.
Arturo no puede viajar al exterior de Cuba desde el 14 de septiembre de 2019, cuando le informaron de la prohibición en la Unidad de Instrucción Policial de la provincia de Guantánamo (conocida como “Operaciones”), al extremo oriente de la Isla.
“El oficial Kevin me comunicó que yo era una persona ‘regulada’, que no podía salir del país, ya que no se sabía cuáles eran las pretensiones del enemigo en ese viaje que yo iba a realizar a la ciudad de Praga [República Checa]”, contó Acosta en entrevista con ADN Cuba.
“Les leyes de nuestro país prescribe que podemos salir del país teniendo nuestro pasaporte en regla; sin embargo no me comunicaron ningún tipo de artículo [legislación] ni nada, solamente me dijeron que era una persona regulada y que no puedo salir del país”, comentó el hombre.
Según cuenta Arturo, las autoridades no le permiten siquiera salir fuera del municipio cabecera de la ciudad donde vive. El piensa que el objetivo de estas restricciones es impedir su asistencia a cursos para la sociedad civil en el exterior, y que comparte con organizaciones internacionales “las violaciones cometidas por la policía política y por el régimen en este país”.
Sobre el tiempo por el que puede extenderse la medida de castigo, Arturo cuenta que “nadie nos ha dicho es hasta tal día, o tal año”, por los que “los regulados” no tienen como saber cuándo podrán viajar nuevamente.
Lea también
La “regulación migratoria” es un método común utilizado por el aparato represivo cubano para castigar a opositores políticos, activistas de la sociedad civil y periodistas independientes. La Isla se convierte así en una prisión en la que el “condenado” no sabe cuándo será liberado.
De acuerdo con las leyes vigentes, las autoridades migratorias pueden impedir la emisión, prórroga o renovación del pasaporte, o la salida del país, a cualquier ciudadano cubano y en cualquier momento, entre otros casos, si consideran que existe un abstracto “interés público” para ello.
La mayoría de los opositores, activistas y reporteros a los que se les impide salir del país, no poseen una causa penal pendiente en tribunales de la isla. Y en algunos casos, los activistas que han tenido “causas penales" alegan que se trata de casos fabricados y carentes de toda garantía procesal.
A los afectados solo les queda denunciar la arbitrariedad, pues la institución detrás de las prohibiciones de viaje por “interés público” cuenta con absoluta impunidad para actuar al margen, incluso, de las propias leyes del régimen.
Una recopilación el Instituto Patmos intenta indica que al menos 223 ciudadanos fueron impedidos de viajar al exterior en 2019 por razones políticas en Cuba. No obstante, precisar el número exacto de afectados por este método represivo al que algunos llaman “Operación Jaula Abierta” pude resulta difícil, pues muchos activistas han reportado que días antes de viajar, las autoridades les confirman que no tienen una regulación vigente “en el sistema”, pero de todas formas, en el aeropuerto, les han negado la salida.
Por otra parte, algunos eligen no denunciar la prohibición de viaje y asumen una actitud pasiva en un intento negociador para poder salir del país en el futuro.
Lea también
Los “Regulados” es una web serie participativa que busca visibilizar los casos de esos cubanos a los que el gobierno les impide salir del país por razones políticas. ADN Cuba quiere documentar y compartir tantos casos como sea posible sobre esta violación a la libertad de movimiento de los cubanos.
Si el gobierno te prohíbe viajar, a ti o alguien que conozcas, envíanos tu testimonio en video al correo editor@adncuba.com, o a través de este enlace. Incluye la siguiente información:
1- Tu nombre completo y dirección.
2- Desde cuándo estás “regulado”.
3- En qué circunstancias lo supiste.
4- Por qué consideras que te impiden salir del país.
