Organizaciones no gubernamentales (ONGs) cubanas e internacionales instaron hoy viernes al Estado de Cuba, con motivo del aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), a cumplir “con los estándares internacionales de derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo” y a liberar a las personas que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos tras manifestarse en esa jornada.
En un comunicado conjunto, las ONGs subrayaron que el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos “incluye el respeto y garantía de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión”, violentados de manera notoria tras el 11J, y convocaron a la comunidad internacional a sumarse a la petición.
Las organizaciones firmantes destacaron que el 11J marcó “un punto de inflexión en la historia cubana”, a la vez que visibilizó la política estatal del régimen de la isla “basada en sembrar el miedo y la represión en la población, en su afán por impedir toda voz crítica”.
Las protestas, agregaron en el comunicado, “fueron resultado de la grave crisis sanitaria y económica, y las violaciones recurrentes a derechos humanos en la isla”.
“En respuesta, las autoridades nacionales y grupos paraestatales incrementaron el control represivo y la condena contra todas las personas que participaron en las protestas”, denunciaron las ONGs, detallando que durante las manifestaciones se llevaron a cabo “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cortes de Internet, uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros policiales y militares, criminalización de las personas que salieron a expresarse, y la imposición de un ambiente de violencia, autoritarismo y represión, que limitó gravemente el ejercicio de derechos fundamentales”.
A un año del 11J, las organizaciones cubanas Cubalex y Justicia 11J, firmantes del comunicado, registran 701 personas detenidas.
De acuerdo con datos recopilados por ambas organizaciones, varias de las personas detenidas fueron “víctimas de actos de tortura y malos tratos”, lo que motivó la preocupación del Comité contra la Tortura al examinar recientemente el tercer informe periódico de Cuba.
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El comunicado califica los juicios a los manifestantes detenidos tras el 11J como “sumarios y ordinarios” y recuerda que entre las personas criminalizadas y condenadas injustificadamente por delitos como “desacato, atentado, sedición, desorden público e instigación a delinquir” hay menores de edad.
“Los efectos del 11J se viven hasta la actualidad, y restringen de forma crítica el libre ejercicio de los derechos humanos. Persisten los juicios sin garantías del debido proceso, y el uso de sentencias ejemplarizantes para atemorizar a la población. Además, preocupa la formulación de leyes con efecto amedrentador como el recién aprobado Código Penal”, añade el documento, suscrito por ONGs internacionales como Freedom House, Pen Internacional y Civil Rights Defenders.
Otros de los firmantes son la Oficina para México y Centroamérica de “Artículo 19”, Artists at Risk Connection (ARC), el Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
