Yerly Luis Velázquez Morales, activista por la democracia en Cuba y residente en Las Tunas, está detenido tras una citación del Ministerio del Interior (Minint) para un interrogatorio este jueves, 7 de julio.
“Continúa el acoso por parte de la SE [Seguridad del Estado] a todos los que pensamos diferentes en Cuba”, denunció Yerly Luis en Twitter antes de acudir a la cita en la unidad de Instrucción Provincial del Minint, en Las Tunas.
El jueves, después del mediodía, la ONG Cubalex denunció que “Yerly Velázquez lleva más de 4 horas siendo 'interrogado' por la policía política en Las Tunas. Así se prepara el país en vísperas del 11J, hostigando a todo aquel que disiente”.
En Twitter, la activista identificada como “Isla Cárcel” (@carolinamarcuba) aseguró que “acabo de comunicarme con su mamá y me dice que le dijeron que buscara un abogado. Así que la noticia es que va a ser encausado”.
Este viernes, en horas de la mañana (al momento de publicar esta nota) todavía no había sido excarcelado. “#LibertadParaYerly Ni un preso político más”, exigió en redes sociales la activista exiliada Saily González Velázquez.
Según Saily González, “lo están acusando de desacato por escribir presuntamente en sus redes 'Díaz Canel Singao', cosa que no ha hecho nunca y que en última instancia es el legítimo ejercicio de un derecho humano llamado #LibertadDeExpresión”.
La disidente agregó que la madre del joven “está buscando un abogado de Las Tunas con urgencia. Si tienes algún contacto, escríbeme por Messenger”, pidió.
Yerly Luis Velázquez es un cantante y productor musical que comenzó a ser objetivo de la policía política en octubre de 2020, cuando fue citado por primera vez, tras compartir en las redes sociales posts de los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo”.
La persecución contra Velázquez arreció a raíz de su activismo con la plataforma opositora Archipiélago, con la cual respaldó la iniciativa de una frustrada Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre de 2021. El activista permaneció varios días cercanos a esa fecha detenido arbitrariamente, y a la salida de la unidad de instrucción provincial le aplicaron el Decreto-Ley 370.
También conocido como “Ley Azote”, el 370 establece que el Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar) y el Minint son los responsables de ordenar tareas y acciones en el proceso de informatización, explica el medio YucaByte. “La Seguridad del Estado utiliza la norma como un instrumento represivo contra quienes, desde las redes sociales o el periodismo alternativo, critican al gobierno”.
