11J: adolescente enfrenta petición fiscal de 18 años de cárcel por gritar “Patria y vida”

Brandon David Becerra Curbelo forma parte de una veintena de adolescentes sometidos a procesos penales tras las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio en Cuba
 

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Brandon David Becerra Curbelo forma parte de una veintena de adolescentes cubanos sometidos a procesos penales tras las protestas del 11 y 12 de julio pasado, ocurridas en más de 60 localidades del país.

Acusado de cometer una presunta “sedición”, Becerra cumplió sus 18 años retenido y sin juicio. Si el tribunal que lo juzgará acepta la petición del fiscal, saldría de la cárcel con el doble de su edad actual.

“Esto es muy abusivo, ¡muy abusivo! Mi hijo me dice: 'mamá yo no sé por qué estoy preso, si solo grité la verdad. Grité Patria y Vida y que Cuba tenía hambre'”, afirma Yanaisy Curbelo Rocío, madre del manifestante para quien solicitan una condena de 18 años en prisión.

A inicios de septiembre, ella denunció que las autoridades negaron un cambio de medida a favor de Brandon. “Sin visitas (…) solo ellos tienen la última palabra. La libertad de mi hijo está en manos de Dios”, dijo la madre en redes sociales.

Más de dos meses después, la incertidumbre en la familia no ha disminuido y la impotencia crece. “'A quién yo maté', se pregunta mi hijo y me da un dolor enorme saber que no puedo hacer mucho más”, lamenta Yanaisy.

“Mi hijo fue detenido con 17 años. Cumplió 18 el 7 de noviembre, estando en la prisión. Lleva 4 meses en la Prisión de Jóvenes de Occidente de El Guatao. Me lo recogieron de aquí en La Habana, de la esquina de la casa, como un perro”, cuenta.

El 16 de julio, sobre las 2 y 30 de la tarde, se llevaron detenido y esposado a Brandon, un menor de edad en ese momento. “Andaba con su hermano menor, de 13 años, y se les tiró una patrulla con una guagua llena de militares, como si fuera un asesino”, recuerda su madre.

“Así me lo tuvieron tres meses que yo no pude hablar con él. Había mucha desorganización. Desde hace dos meses me no están dando visitas. Mi hijo cogió COVID-19 estando preso, mi hijo cogió sarna, mi hijo cogió dengue… Esto ha sido catastrófico”.


Yanaisy Curbelo dice que a “lo único” que teme “en este mundo” es a que el adolescente “cumpla semejante condena. Le piden los mismos años que tiene. Esto es abusivo, son niños”.

Los juicios por la presunta “sedición” todavía no comienzan. El régimen ha ido encerrando manifestantes acusados de “atentado”, “desorden público”, “instigación a delinquir” y otros delitos comunes que imputa para evitar reconocer a cientos de presos políticos.

La madre de Brandon, atenta a cuanta noticia de los procesos publica la prensa independiente, tiene el alma en vilo. “Estoy viendo que a todos esos muchachos que tienen peticiones altas no les están rebajando nada, las condenas son similares a las peticiones. Es horrible”, dice.

“Siento mucha impotencia, porque esto es muy cruel. Ahora tendremos una visita dos veces por mes. Es muy duro. Los terroristas son ellos”, concluye Yanaisy Curbelo señalando al gobierno de Miguel Díaz-Canel y el general Raúl Castro.

Hasta el 23 de noviembre, el Centro de Información Legal Cubalex y el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, Justicia 11J, registraron un total de 1281 arrestos por las masivas protestas. Fueron excarceladas 551 personas, mientras que continúan detenidas 662, entre ellas más de 20 jóvenes cubanos de 18 años o menos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó preocupación por las detenciones de menores, e instó al régimen a proporcionar información verificada al respecto.

“Unicef está preocupado por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba. Hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación”, escribió la agencia en sus redes sociales.

“En todo el mundo, poner fin a la detención de niños y niñas es fundamental, incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal”, agregó la Unicef.

Laritza Diversent, directora de Cubalex, declaró en una entrevista en video a ADN Cuba que estos procesos son “de los más preocupantes que hemos visto tras las protestas del 11J, porque la sedición es un delito contra la Seguridad del Estado”.

Alain Espinosa, abogado de la organización de derechos humanos, dijo que las acciones de los manifestantes del 11J no pueden ser tipificadas como “sedición”, porque ese delito se aplica a personas que “tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista (…)”.

Según Espinosa, “ha quedado demostrado que estos fueron los hechos más espontáneos de los últimos tiempos en la realidad cubana. Además, es de público y notorio conocimiento que la violencia fue ejercida en primer lugar por las fuerzas represivas del gobierno”.