Niegan cambio de medida a favor de adolescente arrestado el 11J

Brandon David Becerra, de 17 años, se mantiene en la cárcel para menores ubicada en la localidad de El Guatao, y no le han permitido recibir visitas desde hace 40 días, a pesar de que estuvo enfermo de Covid-19.
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Autoridades cubanas negaron un cambio de medida a favor de Brandon David Becerra, adolescente de 17 años detenido tras las protestas del 11 de julio en Cuba, denunció este 2 de septiembre su madre, Yanaisy Curbelo.

“El cambio de medida de mi hijo fue denegado. Sin visitas (…) solo ellos tienen la última palabra. La libertad de mi hijo está en manos de Dios”, declaró Curbelo en redes sociales.

El joven se mantiene en la cárcel para menores ubicada en la localidad de El Guatao, y no le han permitido recibir visitas desde hace 40 días, recordó su madre.

Según la ONG Cubalex, tras las protestas aún se mantienen recluidos al menos nueve menores de edad, incluido Christopher Lleonart Santana, de 14 años, quien padece retraso mental leve.

Los otros son Glenda de la Caridad Marrero (15 años), Rubén Alejandro Parra (15 años), Leosvani Jiménez Guzmán (15 años), William Chenier Ríos Arrieta (16 años), Yanquier Sardiñas Franco (16 años), Emisyolán Román (17 años) y Yerman David Gutiérrez Dueñas (17 años).

También está el caso del menor de 17 años, Christian Batista Valdés, que se encuentra en proceso de verificación; y la adolescente Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, quien fue condenada a ocho meses de prisión y se encuentra en reclusión domiciliaria.

La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, catalogó de “desapariciones forzadas” los arrestos.

Entre los elementos para considerar a una víctima de desaparición forzada está la “privación de la libertad”, la “intervención directa de agentes estatales u otros con su consentimiento y protección” y la “negativa de reconocer la detención y/o de revelar la suerte o paradero de la persona interesada”.

Los agentes del Ministerio del Interior (Minint) “vienen cometiendo delitos de desaparición forzada antes y después del 11J”, afirmó Diversent, cuya ONG coordina un grupo de voluntarias que ha documentado más de 870 detenciones por las protestas del mes anterior.

Además, la activista de derechos humanos dijo que “el acto de desaparición y su ejecución inicia con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino; perdura mientras no se conozca su paradero y se determine con certeza su identidad”.

La desaparición forzada es un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de derechos fundamentales, según Diversent, incluidos los derechos “a no ser detenido arbitrariamente, a no ser sometido a torturas, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica”.