El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria demandó al gobierno cubano la liberación inmediata de los prisioneros políticos Josiel Guia Piloto, Marbel Mendoza Reyes e Iván Amaro Hidalgo, encarcelados por el régimen arbitrariamente desde 2017.
En una decisión aprobada el 19 de noviembre, y recogida en un documento enviado a Prisoners Defenders, al que ADN Cuba tuvo acceso en días recientes, el Grupo insta a La Habana a investigar de manera “exhaustiva” estas detenciones arbitrarias y tomar medidas contra los culpables.
Como garantías de conocimiento de su decisión, y para visibilizar aún más el caso de los encarcelados por motivos políticos, remitió el caso y su decisión sobre el mismo al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; al relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; al Relator Especial de promoción y protección al derecho de libertad de opinión y de expresión, y al de la independencia de los magistrados y abogados.
El Grupo concluyó que la privación de la libertad de Guia Piloto, Mendoza Reyes y Amaro Hidalgo es arbitraria “por cuanto contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Por ello pidió al gobierno que “adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los tres y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes”, lo cual exige “ponerlos inmediatamente en plena libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
El Grupo comunicó su decisión también a Javier Larrondo, fundador y presidente de Prisoners Defenders, una institución de acción jurídica y defensa prodemocrática surgida en septiembre de 2018, que se había interesado por el caso de los tres prisioneros y envío a dicha instancia de Naciones Unidas los elementos que le hacían sospechar de que se trata de un caso de detención arbitraria, violatorio de los derechos humanos.
Prisoners Defenders alegó que “habían sido privados de su libertad por el ejercicio de sus derechos humanos” y “a través de un procedimiento que no contó con las garantías mínimas de un juicio justo, independiente e imparcial”.
Guia Piloto es presidente del partido Republicano de Cuba, por lo cual ha sido sujeto de represión y hostigamiento oficial ante su renuencia a cesar su trabajo político promoviendo la democracia y las elecciones. Fue condenado el 8 de agosto de 2017 a cinco años de privación de libertad por los delitos de desacato y desórdenes públicos.
Por su parte, Marbel Mendoza, de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fue acusada por el delito de peligrosidad social predelictiva y condenada el 18 de diciembre de 2017 a dos años y medio de prisión, una condena que fue ampliada en seis meses en julio de 2018, por la supuesta comisión de un delito de desacato en el recinto penitenciario.
Iván Amaro, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado el 15 de marzo de 2017, por los delitos de desacato y atentado, a tres años de prisión. El 15 de febrero del pasado año le aumentaron la condena en cinco años, por la también supuesta comisión de atentado en prisión.
Si bien no son casos novedosos para el régimen cubano, sí confirman cómo éste opera para la fabricación de cargos de delitos comunes en los casos que emprende contra los opositores y activistas políticos.
A partir de la información detallada por Larrondo y su organización, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria cursó al gobierno cubano, el 17 de mayo de 2019, una comunicación relativa al caso de los tres detenidos. El gobierno respondió el 16 de julio, dentro del plazo establecido, alegando sus tradicionales razones.
Para el régimen, que no es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es falso que en Cuba se detenga, persiga, hostigue amenace o intimide a alguien por el ejercicio de los derechos humanos, los cuales, sostiene, “están ampliamente reconocidos y protegidos por las leyes vigentes”.
Asimismo, niega el activismo político de los detenidos y los califica de delincuentes comunes, a los cuales es falso que se les maltrate y violenten sus derechos en prisión.
Pese a esta respuesta oficial de La Habana, manida y constante en todos sus casos de violaciones a derechos humanos, civiles y políticos, el Grupo de Trabajo decidió lo anteriormente expuesto en su período 86 de sesiones sobre casos de detenciones que le habían sido sometidos a su conocimiento, efectuado del 18 al 22 de noviembre.
Esta opinión, codificada como la No. 63/2019 (Cuba), será mencionada en el informe anual que el Grupo de Trabajo presentará ante el Consejo de Derechos Humanos, según la propia instancia.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Está integrado por un grupo de expertos que tienen la función de averiguar sobre casos en los que “existan detenciones que puedan atentar contra los principios establecidos por normas internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
En tal sentido, el Grupo tiene la potestad de “solicitar y recibir informaciones al respecto a gobiernos, organismos civiles y ciudadanos involucrados en los casos, así como informar anualmente sobre sus actividades”.
Creado en 1991, desde su surgimiento y hasta la actualidad ha emitido más de 600 dictámenes, varios de ellos relacionados con Cuba y las continuas detenciones a opositores y activistas.
