La crisis económica por la que atraviesa Cuba desde el 2018 ha traído aparejada un desabastecimiento tal, que incluso los insumos y productos más básicos escasean, lo que ha provocado que para adquirirlos los cubanos estén obligados a hacer largas y agotadoras colas. Aun así no todos alcanzan a comprar lo que necesitan.
Como ha sucedido desde sus primeros años, incapaz de resolver situaciones como la que hoy aqueja a la isla, el régimen siempre ha optado por responsabilizar a terceros por sus ineficiencias o errores. Buscar una cabeza de turco, un chivo expiatorio: otro que pague los platos rotos. En esta ocasión insiste en culpar a los coleros, acaparadores y revendedores, de la terrible escasez que impera en el país, cuando en realidad esto es solo su responsabilidad, producto de una pésima gestión.
Este 14 de agosto el periódico estatal Guerrillero, perteneciente a la provincia de Pinar de Río, volvió a hacerse eco de medidas judiciales aplicadas sobre revendedores, algo que se intenta presentar como bueno desde el discurso oficialista, pero que en realidad busca, como medida preventiva, disuadir a otro ciudadanos de incurrir en prácticas similares.
"Como parte del enfrentamiento a acaparadores, coleros y revendedores de productos, oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria de Pinar del Río, detuvieron el pasado 30 de julio en el parque Colón al ciudadano Pablo Lázaro Arencibia Rodríguez, quien con el propósito de obtener ganancias, vendía a sobreprecio productos de aseo personal, adquiridos en la red comercial minorista, compuestos por paquetes de detergente de 250 gramos marca Fami y pasta dental marca Close up", precisó el Guerrillero.
La nota del mencionado periódico estatal explica que Lázaro Arencibia concurrió detenido al juicio oral y público solicitado por la Fiscalía de la provincia, "según el procedimiento sumario y el Tribunal Municipal Popular de Pinar del Río lo sancionó por el delito de especulación a un año de privación de libertad y el comiso de los productos ocupados".
A lo anterior hay que sumar que el enjuiciado además, "quedó detenido con la medida cautelar de prisión provisional en el acto del juicio oral, para asegurar la ejecución de la sanción".
El Guerrillero señala al final de su nota que "la sentencia ya es firme, habiéndose cumplido todas las garantías procesales". Pero ¿acaso hay justicia en procesar a alguien y condenarlo a un año de prisión por vender un paquete de detergente o un tubo de pasta dental? Lamentablemente para el régimen la justicia importa poco, o nada.
