Los derechos a la libre expresión, asociación y reunión siguieron sujetos a restricciones en Cuba en 2019, y la aprobación del decreto 370/2018 "sobre la digitalización de la sociedad cubana" podría usarse para restringir los medios independientes, dijo un reporte sobre derechos humanos en la Isla, publicado por la Unión Europea (UE).
El Informe Anual de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo (2019), en el apartado sobre Cuba, se refirió al mencionado decreto, aprobado en diciembre de 2018, el cual ha sido fuertemente adversado por los opositores políticos y activistas, al denunciar que, en efecto, ha servido ya como medio de coacción al libre pensamiento que sea crítico contra el régimen cubano.
Según reportó ADN Cuba en julio del 2019, dicha ley tiene, en principio, entre sus objetivos “elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y defensa nacional; contrarrestarlas agresiones cibernéticas; salvaguardar los principios de seguridad de las redes y servicios; así como defender los logros alcanzados por el Estado Socialista”.
Pero grupos opositores ven la normativa como una argucia legal para acallar las voces críticas al régimen, sobre todo en el apartado a “contrarrestar las agresiones cibernéticas” y “defender los logros alcanzados por el Estado socialista”.
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Pero grupos opositores ven la normativa como una argucia legal para acallar las voces críticas al régimen, sobre todo en el apartado a “contrarrestar las agresiones cibernéticas” y “defender los logros alcanzados por el Estado socialista”.
Bajo esos parámetros, cualquier ciudadano que publique en internet visiones que no concurran con el interés del régimen, puede ser víctima de persecución y multa.
Eso le pasó a Ovidio Martín Castellanos, dirigente de la opositora Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), multado en abril por presuntamente violar la citada ley, que regula el uso de internet en Cuba.
Martín Castellanos fue el primer miembro de la Unpacu al que la Seguridad del Estado multa por “violar” la referida ley.
El reporte de la UE agregó que las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión en Cuba produjeron informes “de numerosas detenciones arbitrarias, así como con el encarcelamiento de varios presos de conciencia designados por Amnistía Internacional, incluido el destacado líder disidente José Daniel Ferrer”.
La UE dijo que activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes siguen enfrentando restricciones a viajar dentro del país y al exterior. En los últimos meses, ha habido una tendencia a poner a activistas políticos y defensores de derechos humanos bajo arresto domiciliario o se les ha impedido abandonar sus hogares.
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El informe señaló además que la nueva Constitución contiene algunos cambios notables, incluidos los principios del hábeas corpus y la presunción de inocencia, pero muchos de los cambios aún requieren una legislación secundaria.
Además, la nueva Carta Magna conserva el actual sistema socialista de un solo partido y describe el papel del Partido Comunista de Cuba (PCC) como "la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado".
Por su parte, Antonio González Rodiles, director del proyecto Estado de SATS, dijo a Radio TV Martí sobre el informe de la UE: “Yo creo que se han quedado lejos, aunque no obstante están tocando algunos puntos que hace un tiempo no tocaban”.
Calificó de positivo el hecho de que el informe menciona al menos las violaciones que existen con respecto a los derechos civiles y políticos, pero ensalza o califica de positivo, la situación de derechos económicos, sociales y culturales, lo cual, según Rodiles, es falso.
"En ese sentido habrá que ver cuál es la política que va a seguir en un futuro inmediato la Unión Europea con respecto al régimen, pero lo que estamos viviendo acá adentro, incluso lo relacionado con los derechos psicológicos, sociales y culturales es un detrimento terrible", acotó.
