Algunas de las nuevas medidas que el régimen hará vigentes en La Habana a partir del 1 de septiembre para intentar controlar el rebrote de coronavirus suponen mayores dificultades para una población que ya de por sí halla complicada la vida diaria por la crisis que vive el país.
Es el caso de la limitación de compra a los municipios de residencia, algo sobre lo que muchos habaneros han expresado preocupaciones y malestar, dada la aguda escasez y el desabastecimiento vigente en las redes y unidades de comercio minorista.
Tal medida, según entendieron muchos, supondría que las personas sólo podrían comprar artículos y bienes de primera necesidad en los establecimientos de sus municipios de residencia, con el riesgo de que lo necesitado o deseado no estuviese disponible.
Asimismo, podría marginar o perjudicar a aquellas personas que residen efectivamente en un determinado municipio, pero tienen como dirección en su documento de identidad otro distinto, así como a aquellos que no tienen dirección de La Habana, pero viven en ella.
Ante todas las preocupaciones, el Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana, en su reunión del viernes 28 de agosto, realizó un conjunto de precisiones sobre esa medida en particular y habló sobre un nuevo invento para su aplicación: “una tarjeta que funcione como autorizo temporal para quienes no posean la dirección del lugar donde viven actualmente”.
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Dicha tarjeta “contará con datos como el nombre y apellidos del beneficiario, número del carnet de identidad, y municipio actual de residencia”. Así lo explicó Luis Carlos Góngora, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, citado por la oficialista Agencia Cubana de Noticias (ACN) en su reporte sobre la reunión del CDP.
De acuerdo con este medio, el proceso para la entrega de la tarjeta se organizará a nivel de municipio. El documento no será necesario para todas las compras, ya que en agromercados, pescaderías y tiendas para la venta en divisas no aplica la limitación territorial contemplada en las nuevas medidas.
Este viernes se conoció que durante la pandemia no han cesado las deportaciones a sus provincias de cubanos que no tienen dirección formal en la capital. “En algunos casos se ha aplicado el destierro —por un tiempo de cuatro y cinco años— de La Habana a los sancionados que residían ilegalmente” en la ciudad, detalló un texto del oficialista Cubadebate, donde se vinculó a muchos residentes irregulares con violaciones a las medidas de aislamiento o delitos.
