“En Cuba es casi imposible tener vocación para desarrollar el servicio público”, confesó Juan Carlos, dueño de una cafetería privada en la provincia Mayabeque. La mayoría de su clientela son ciudadanos de bajos recursos y de la tercera edad.
“Desde que abrí la cafetería, hace diez años, me enfoqué en que las ofertas fueran accesibles a personas que solo dependen del salario obrero o de chequeras de la Seguridad Social, quienes conforman la gran parte de la comunidad donde radico. Sin embargo, en los dos últimos años me ha sido prácticamente imposible sostener ese propósito”.
Juan Carlos se vio obligado a subir los precios de sus ofertas a consecuencia de la escasez de productos y alimentos de primera necesidad. Situación que se agudizó tras la expansión de la COVID-19 en la isla, afectando drásticamente a los trabajadores del sector privado.
“Ningún cuentapropista cubano puede vender una taza de café por el valor de un peso, ni un vaso de jugo natural a dos pesos. Está más que claro, y es matemáticamente imposible porque el aumento de precios del café, las frutas y el azúcar se dispararon más del triple y para colmo, escasean”; advirtió Juan Carlos, quien se encuentra en la disyuntiva de poner a un lado su vocación de servicio ante la necesidad de sostener su negocio, su única fuente de ingresos.
Los dueños de varias pequeñas cafeterías visitadas, en distintas localidades habaneras, enfrentan el mismo dilema de Juan Carlos. Pero subir los precios de sus ofertas es también arriesgarse a que la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) les retire la licencia y, como medida añadida, la apertura de un procesamiento penal que incluye desde el decomiso de bienes hasta multas y condenas de cárcel.
“Los cuentapropistas siempre hemos estado entre la espada y la ONAT, y tras la pandemia esta situación se volvió más crítica”; comentó María Esther, dueña de una pequeña pizzería en Arroyo Naranjo en La Habana.
“Esa realidad del cuentapropista asediado por inspectores de la ONAT y jefes de sectores no cambió, sino que empeoró. El soborno es una obligación, casi un pacto tácito, porque los inspectores y policías saben que la mayoría de los cuentapropistas tienen que abastecerse por vías no siempre legales”; puntualizó María Esther.
Anterior a la expansión de la pandemia, las pizzas de su negocio costaban diez pesos, pero ante la escasez de harina, levadura, aceite y queso, se vio obligada a incrementar su precio a catorce pesos.
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“El principal afectado es el pueblo, el pueblo jodido: los viejitos jubilados, los que solo tienen un salario obrero como única fuente de subsistencia, las madres solteras con hijos menores. Pero si no subo los precios qué hago: cerrar el negocio o no tener ni siquiera la ganancia para cubrir la inversión”; se preguntó a sí misma.
A pesar de la reapertura del mercado mayorista de alimentos (Mercabal), el pasado mes de julio, la situación continúa siendo la misma para los trabajadores del sector privado.
Inaugurado originalmente en 2018 ‒bajo la promesa del régimen cubano de facilitar la gestión de la actividad privada‒ Mercabal sufrió un continuo desabastecimiento tras lo cual dejaría de ser funcional para sus beneficiarios iniciales: cooperativas no agropecuarias, negocios privados ubicados en el municipio Plaza y restaurantes del Barrio Chino.
La corrupción estatal, concordaron los trabajadores privados encuestados, “es quien único se favorece”. La venta “controlada” en Mercabal indica que su reapertura responde más a un maquillaje que a una solución estable a la problemática que afecta a todo el sector privado.
Tanto inspectores como policías están al tanto. Saben que Mercabal no cubre siquiera un tercio de la demanda, mientras las redes de tiendas recaudadoras de divisas [TRD] están prácticamente desabastecidas”; señaló una funcionaria de la ONAT.
“Por tanto, los cuentapropistas seguirán estando obligados al soborno si quieren mantener abiertos sus negocios. El establecimiento de precios fijados son la carta blanca de inspectores y policías, su verdadera arma para desangrar a los negocios por cuenta propia”; añadió esta funcionaria, que prefirió el anonimato para evitar represalias.
Sin apenas margen de ganancias en sus ventas para pagar impuestos y salarios, y reabastecerse de suministros, los trabajadores privados están sometidos a una especie de “ruleta rusa”.
“Precisamente esta reapertura de Mercabal, en medio de la pandemia, es un reconocimiento del Gobierno de que los cuentapropistas estamos asfixiados y como solución nos arrojan estas migajas”; indicó Pamela, dueña de un pequeño restaurante en Centro Habana donde los precios de sus platos aumentaron significativamente.
“Un ejemplo es que no puedo seguir vendiendo un pan con tortilla a cinco pesos porque ese es el precio del huevo ahora mismo. No puedo vender un pan con hamburguesa a diez pesos porque ese es el precio de una hamburguesa. Es decir, que seguiremos siendo los malos de la película porque el pueblo se queja de nosotros con razón, aunque no pocos nos entienden, saben que no subimos los precios por hacernos ricos sino por la obligación de mantenernos a flote, y los anuncios del futuro tampoco son alentadores”; fustigó Pamela en referencia a la apertura próxima de otra sucursal de mercado mayorista, pero en divisas extranjeras.
A finales del pasado julio la poderosa empresa controlada por militares Cimex S.A. informó que a partir de septiembre se estará inaugurando un mercado mayorista, exclusivamente en moneda libremente convertible (MLC), sobre todo dólares, lo que dejaría fuera de esta posibilidad a los pequeños negocios privados.
