El número de delitos relacionados con la COVID-19 en Cuba continúa en aumento, a lo que la provincia de Matanzas no escapa.
En conversación con la estatal Agencia Cubana de Noticias, Daysi Ramírez Naranjo, fiscal jefa en la provincia de Matanzas, explicó que las fugas de centros de aislamiento y cuarentena sobresalen entre los delitos graves en la provincia de Matanzas en la actual situación de expansión del virus SAR-CoV-2, causante de la COVID-19, en ese occidental territorio.
Ramírez Naranjo declaró además, que tanto en el caso de los dos ciudadanos que abandonaron un centro de aislamiento en esta urbe, como en el del que fue detenido fuera del perímetro de una zona de cuarentena restringida, se aplicaron sanciones severas por el delito de propagación de epidemia.
Así mismo explicó que la propagación de epidemia es una figura delictiva presente en el Código Penal cubano para reprimir conductas en situaciones como las que se presentan actualmente, y podría acarrear de tres meses a un año de privación de libertad o multa de 100 a 300 cuotas, o ambas.
Hasta el jueves último en la provincia de Matanzas se radicaron 233 denuncias, de ellas 135 fueron por propagación de epidemia, 42 por delitos contra agentes de la autoridad, 46 por actividad económica ilícita, receptación, especulación y acaparamiento, además de una decena por otras figuras menos comunes como robo con fuerza, hurto e incumplimiento de preservar bienes, aclaró Daysi Ramírez.
La fiscal precisó que 46 denuncias se presentaron ante los Tribunales Municipales Populares, con 24 juicios celebrados y 27 acusados sancionados, de ellos 20 a privación de libertad, cuatro a trabajo correccional con internamiento, dos a trabajo correccional sin internamiento y uno a multa.
También detalló que los delitos de mayor incidencia por los que se juzgaron a los acusados son propagación de epidemias (16), especulación y acaparamiento (5), actividades económicas ilícitas (3) y en los delitos de desacato, resistencia y desobediencia, uno en cada modalidad.
Daysi Ramírez, quien es también Jefa del grupo jurídico del Consejo de Defensa Provincial (CDP), informó que en 92 denuncias se aplicó el artículo 8.3 del Código Penal cubano, que refiere la imposición de altas multas administrativas, que fluctúan entre los 200 y dos mil pesos en moneda nacional, con posibilidad de llegar a tres mil de modo excepcional.
