El régimen de Cuba apunta a sitios de compraventa en Internet y redes sociales como Facebook, o la aplicación WhatsApp, como un mal en tiempos de pandemia pues “contribuyen a virtualizar el mercado negro y a ejercer actividades no autorizadas por las legislaciones vigentes”.
Un artículo en el portal web de propaganda del régimen Cubadebate, asegura que las herramientas digitales se han convertido en “plazas para el encarecimiento y la reventa de productos”, y donde “coexisten a la vista pública conductas delictivas sancionadas por las leyes cubanas”.
El reportaje del sitio oficialista, considera estas iniciativas “una práctica desgastante para Cuba”, por lo que aplaude los recursos legales que implemente el régimen para combatir la promoción de productos por esta vía.
Las páginas y grupos en Facebook de Revolico o Porlalivre, los grupos de WhatsApp y otros modos de promover y comerciar bienes escasos en la isla, molestan a un gobierno incapaz de estimular la economía y satisfacer necesidades básicas de la población.
Cubadebate explica que se venden tanto “productos o servicios autorizados por las legislaciones vigentes”, como “mercancías importadas y (…) equipos o productos vendidos en las tiendas cubanas”, lo cual puede ser sancionado por las autoridades.
“Tanto la comercialización de productos importados como la reventa de otros adquiridos en la red de establecimientos comerciales viola lo establecido en el país. Asimismo, para quienes pertenecen al sector no estatal, también contraviene lo dispuesto para el ejercicio de su actividad”, amenaza el medio del Partido Comunista.
Juristas consultados por Cubadebate alertaron sobre el uso de plataformas de la web: “para un tribunal no existe diferencia entre una violación cometida en el plano físico o en el virtual”.
Lo relevante estaría “en el carácter de la actividad, y no tanto en las maneras o soportes de realizarla”, aseguró Jorge Luis Barroso González, profesor de Derecho Penal en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
La condición de acción ilícita “no cambia si ocurre en el portal de una casa, en un mercado o en Internet. Lo ilegal no radica en el modo, sino en el contenido del hecho”.
Según la presidenta del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, Elena Margarita Cabrera Figueroa, “la mayoría de las conductas vistas en estas páginas y grupos podrían configurar delitos de receptación, así como de especulación y acaparamiento”.
Los negocios privados autorizados, si se ven involucrados en un caso de estos, la pasarían peor, pues están sujetos a un grupo de medidas administrativas aprobadas para sancionar contravenciones en el ejercicio del trabajo de “cuentapropistas”. El Decreto-Ley 357 del 2018 prevé desde las notificaciones preventivas hasta la confiscación de la vivienda.
También, por violar “el alcance de la actividad”, un empleado por cuenta propia podría recibir una multa de dos mil pesos cubanos y la cancelación de la licencia hasta dos años.
La jurista Arianny Casas afirma que “enfrentar estos delitos” sería más fácil si se incorporara un título al Código Penal dedicado al uso de las plataformas virtuales.
No queda en palabras la amenaza de la prensa oficialista. Según el reporte de Cubadebate, en Villa Clara este mes un tribunal de la ciudad de Santa Clara recibió el primer caso de una persona relacionada con la compraventa en Internet: un hombre que compraba equipos electrodomésticos en las nuevas tiendas en dólares abiertas por el régimen, y después los vendía a sobreprecio en páginas de Internet.
En medio de la profunda escasez en Cuba y la ineficiencia gubernamental para garantizar alimentos y otros productos –y menos en tiendas virtuales estatales–, los cubanos recurren a la web para la compraventa de bienes en el mercado negro, replegado en gran medida a Internet por el aislamiento social en días de pandemia.
