El régimen de Cuba podría condenar a quienes accedan a fondos independientes y de entidades extranjeras a penas de entre cuatro y diez años de prisión, según el anteproyecto del nuevo Código Penal publicado este 20 de enero por el Tribunal Supremo Popular.
La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) recibirá el documento para su aprobación el próximo mes de abril. Según el anteproyecto, el nuevo Código Penal incorpora la figura delictiva “Otros actos contra la Seguridad del Estado”.
El Artículo 143, relacionado con esa figura delictiva, dispone que “incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años” aquel cubano que, “por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales [ONG], instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
El gobierno del Partido Comunista de Cuba criminaliza actividades como el periodismo y el cine independiente, y reprime organizaciones políticas, económicas y de la sociedad civil que no estén controladas por el Estado. Así, quienes transgredan sus prohibiciones pueden ser enjuiciados mediante la fabricación de delitos comunes.
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De ser aprobado el nuevo código penal, el régimen contaría con “otra herramienta legal represiva para encausar a quienes reciban o financien lo que la oficialidad considere actividades contra el Estado y su orden constitucional”, advierte el abogado Eloy Viera en un artículo publicado por El Toque.
El jurista señala que “no se puede sostener en el tiempo una labor política o de activismo social sin financiamiento. La filantropía y el financiamiento a organizaciones e individuos que pretenden desarrollar labores lícitas no es considerado delito en la mayor parte del mundo. Al contrario, la aplicación a fondos públicos o privados, nacionales o extranjeros es una forma muy común de sostener actividades tan diversas como la promoción de los derechos humanos o la investigación científica”.
Anamely Ramos, historiadora del arte y miembro del Movimiento San Isidro (MSI), opinó en redes sociales que con la nueva legislación penal el gobierno plantea el juego a los activistas “al duro y sin guante. No se muevan, no hablan, no respiren. En Cuba no hay orden constitucional”, sino “criminales en el poder”.
El abogado Eloy Viera también expresó en redes sociales que “si algo hemos aprendido los cubanos es que acciones contra el estado en Cuba es cualquier cosa que la clase política que disfruta de privilegios entienda como un riesgo para ella y su hegemonía”.
“Este es un paso más en el apertrechamiento del régimen cubano. En la búsqueda de nuevas herramientas para defenderse de su ciudadanía”, concluyó Viera.
Uno de los gremios más amenazados por la nueva legislación sería el periodismo independiente. En diciembre pasado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) incluyó a Cuba en la lista del 2021 de los gobiernos que encarcelan a reporteros.
Cuba fue ubicada por el CPJ en el puesto 19 del ranking mundial, con los casos de los periodistas independientes Camila Acosta, Mary Karla Ares y Lázaro Yuri Valle Roca.
