La fiscalía cubana pide ocho años de prisión para el cuentapropista Manuel Díaz Rodríguez, quien está detenido desde el pasado 11 de julio de 2021 por manifestarse en el municipio Bauta, Artemisa. Tenía a su cuidado la madre de 93 años, que padece de Alzheimer, pero esto no le ha importado a las autoridades.
Según denunció José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Díaz Rodríguez está acusado de los supuestos delitos de "desorden público", "atentado" y "desacato" por supuestamente incitar a protestas.
"Ha denunciado maltratos en la cárcel (...) Exigimos su liberación", agregó Vivanco.
Díaz Rodríguez se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, provincia Artemisa, donde en septiembre anterior dio positivo a la COVID-19.
"Obligaron a mi hermano a ponerse una vacuna cubana en la cárcel y al otro día estaba con fiebre alta y mal de la garganta. Lo sacaron ahora de la cárcel de Guanajay donde permanecía y lo metieron para un hospital de campaña para reclusos en el Cotorro (La Habana) después de que la prueba PCR de COVID-19 dio positiva", contó su hermano Roberto Díaz a Diario de Cuba.
No ha tenido derecho a visitas en los más de tres meses de detención. Hasta la fecha tampoco hay fecha para el juicio, declaró su hermano a ADN Cuba este 26 de octubre.
Díaz Rodríguez, de 59 años, fue apresado el 11 de julio. Durante el arresto, fue golpeado en la cabeza, le rompieron sus lentes y le echaron gas pimienta en los ojos, como muestra un video difundido en redes sociales.
Las imágenes evidencian que Díaz —con una camiseta del equipo brasileño de fútbol— llamó a la no violencia en la manifestación, sin embargo, fue reprimido.
Tres horas después, la policía lo detuvo en su vivienda.
A mediados de agosto autoridades judiciales cubanas negaron la fianza para que esperara el juicio en su hogar.
Más de 1100 personas fueron detenidas durante las manifestaciones de julio de 2021 en la Isla, registra la organización Cubalex.
Entre septiembre y octubre han comenzado a difundirse las peticiones fiscales, y algunas superan los 25 años de prisión.
