Tras permanecer tres meses varados en un crucero, en el mar Caribe, unos 135 marineros nicaragüenses recibieron por fin la autorización del Gobierno de Daniel Ortega para regresar al país, un permiso que les había negado por más de un mes y por lo cual había sido criticado por organismos locales e internacionales.
Los marineros, varados debido a la crisis del coronavirus, empezaron a llegar desde la noche del lunes a Nicaragua, y se reencontraron este martes en la ciudad de Bluefields (costa este) con sus familiares.
El pasado 4 de junio ese grupo de marineros divulgó un video, y mostró un cartel, desde la embarcación en el Caribe, en la que permanecían varados, con la frase: "Somos nicas, déjenos entrar".
Señalaron entonces que el Gobierno les daba una fecha de ingreso pero luego se las cambiaba y, en definitiva, no entendían por qué les negaban la entrada.
"Señores de Gobernación de Nicaragua, les estamos pidiendo su ayuda, estamos en la necesidad de querer entrar a Nicaragua, llevamos ya desde el 17 de marzo varados en el crucero Carnival Glory, y necesitamos entrar a nuestro país", dijo uno de los marineros, ese 4 de junio.
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La vicepresidenta del país, Rosario Murillo, esposa de Ortega, explicó este martes que Nicaragua autorizó el ingreso de los marineros luego de que la empresa en la que trabajaban, Carnival Cruise Lines, "cumplió con los requisitos" establecidos por las autoridades nicaragüenses.
Las demandas del Gobierno incluían que la compañía debía asumir los costos del traslado desde Curazao hasta las viviendas de cada uno, y demostrar que los trabajadores estaban libres de COVID-19.
La vicepresidenta insistió en que los requisitos que pide Nicaragua "es para la protección de ellos mismos (los trabajadores), de sus familias, de la comunidad en la que viven", y que es un "modelo ordenado y seguro que tenemos que tomar en cuenta".
El pasado día 19 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el Gobierno de Ortega estaba impidiendo que unos 500 nicaragüenses regresaran su país a pesar de que permanecían varados "en precarias condiciones", en países de Centroamérica e islas del Caribe.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cnidh) argumentó que no había leyes que impidieran el retorno de los nacionales, especialmente si sus empleadores habían cumplido los requerimientos del país relacionados con la pandemia.
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Las autoridades nicaragüenses han reportado 83 muertos y 2.519 contagios de coronavirus desde marzo pasado, pero el independiente observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, contabiliza 6.775 contagiados, y 1.878 muertes.
El caso de Nicaragua ha despertado preocupación, tanto en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como en la Organización de los Estados Americanos (OEA), por la forma despreocupada en que Ortega ha manejado la crisis.
Nicaragua no cerró su economía, como sí lo hicieron la mayoría de países de la región y del mundo, para intentar contener los contagios de covid-19. Tampoco emitió normativas legales que llevaran a un confinamiento obligatorio en casa.
De hecho, mientras la región establecía cuarentenas, el Gobierno de Ortega promovía actividades públicas que implicaban aglomeraciones, como carnavales en la playa, durante la Semana Santa.
Sin embargo, periodistas independientes en Managua afirmaron en su momento a ADN Cuba que ha sido la población la que, por su propia iniciativa, había decidido confinarse y tomar medidas de distanciamiento físico, entre otras.
(Con información de Efe)
