El pasado 11 de julio el Dr. Francisco Durán García dio a conocer, en la habitual conferencia de prensa, la triste noticia del fallecimiento de un cubano por la enfermedad COVID-19. Este evento resultó inesperado debido a que el paciente fallecido no aparecía registrado como caso positivo de SARS-CoV-2 antes de dicha conferencia de prensa, lo cual hace a este fatal caso muy singular.
Según el Dr. Durán en conferencia de prensa, el fallecido era un hombre de 68 años de edad que residía en el área vinculada al evento de contagio de San Joaquín del municipio Cerro. Este adulto mayor era contacto de uno de los casos positivos confirmados y tenía antecedentes de hipertensión arterial y de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)”.
Una pregunta que se deriva de los anteriores datos es: ¿Siendo dicho paciente contacto de un caso positivo confirmado, por qué no se le realizó un test diagnóstico RT-PCR?
En el parte del Minsap se refiere que el 29 de junio el paciente comenzó a presentar fiebre alta, mialgia e hiperestesia en cuero cabelludo y el 1 de julio acude al policlínico Abel Santamaría. En dicho centro de salud es evaluado por el médico de la consulta de infección respiratoria aguda y por el jefe de la comisión evaluadora, quienes le hacen un test rápido de COVID-19 y un Rayos X de tórax, procedimientos ambos que dan negativo.
Teniendo esta información y siendo conocedor de inmunología y de diagnóstico de COVID-19 no es difícil identificar que se ha cometido un error que en mi opinión clasifica como negligencia médica, pues estos médicos debieron orientar la realización de un test de RT-PCR para detectar SARS-CoV-2 debido a los pocos días de evolución de los síntomas.Contra toda lógica escogieron realizarle un test rápido de COVID-19, método no adecuado para el diagnóstico porque arroja un 30 por ciento de resultados falsos negativos, sobre todo en el período inicial de la enfermedad (durante los primeros siete días posteriores al contagio) y menos en personas de la tercera edad, cuya respuesta de anticuerpos generalmente ocurre más tarde y con menor intensidad.
Los doctores del policlínico Abel Santamaría, basados en los resultados de los métodos diagnósticos escogidos por ellos, deciden remitir al paciente ese mismo 1 de julio al hospital Joaquín Albarrán, más conocido como hospital Clínico-Quirúrgico de 26, donde queda ingresado.
En este hospital tampoco le indican un RT-PCR para diagnosticar COVID-19, a pesar de que los tres síntomas que presentaba el paciente forman parte del cuadro clínico de la COVID-19, y de que pertenecía al grupo de edad más vulnerable y vivía en un municipio que es de los que mayor número de casos positivos ha detectado durante esta epidemia. En su lugar lo estudian como un síndrome febril inespecífico, sospechándose de una infección de dengue.
El 3 de julio le realizan un test de detección de anticuerpos de tipo IgM contra dengue, el cual resulta negativo, por lo cual descartan dicha enfermedad. Ese día era conocido por las autoridades sanitarias que el Cerro era el municipio que mayor número de casos positivos de COVID-19 estaba reportando en los últimos tres días. Contra toda lógica, ya habiendo descartado el dengue como diagnóstico y sin tener en cuenta los síntomas, la avanzada edad, el lugar de residencia, y el alto riesgo de evolución fatal del paciente al tener antecedentes de una EPOC, vuelven a no indicarle un RT-PCR para descartar COVID-19 y a confiar en los erróneos métodos diagnósticos realizados el pasado 1 de julio en el policlínico Abel Santamaría, dándole el alta médica del hospital Joaquín Albarrán sin tener diagnóstico.
El 5 de julio dicho paciente comienza con tos seca y falta de aire que fue empeorando progresivamente, y acude a las 9 am del 8 de julio al servicio de urgencias del hospital Clínico Quirúrgico “Diez de Octubre”, conocido como La Dependiente, en el mismo municipio Cerro. Sus síntomas al llegar a dicho hospital son falta de aire intensa, tos seca y fiebre de 38.5 grados centígrados. Por primera vez le realizan un RT-PCR para identificar COVID-19, pero unas tres horas más tarde, a las 12:40 pm de ese mismo día 8 de julio, fallece sin conocer la causa de sus síntomas.
A su cuerpo se le realizó una necropsia donde le tomaron muestras del pulmón. Resultaron positivas a COVID-19 dos días después de la muerte.
En la narración de la evolución de esta víctima mortal de este coronavirus falta información relevante que genera interrogantes, pero aun sin conocer los detalles del paciente del día 4 de julio, es fácil deducir que ya estaba contagiado con el SARS-CoV-2 y que el día 5 se encontraba ya en un periodo avanzado de la enfermedad, la cual probablemente haya comenzado antes del 29 de junio.
Conocer a ciencia cierta si este cubano hubiera sobrevivido a la COVID-19 de haber tenido un diagnóstico temprano es imposible tanto por la edad como por las enfermedades de base que presentaba, pero lo que sí podemos afirmar es que los médicos que lo atendieron no fueron capaces de diagnosticar su enfermedad antes de su muerte por mala praxis.
Estos profesionales de la salud, tanto los pertenecientes al policlínico Abel Santamaría como los que laboran en el hospital Joaquín Albarrán, deben conocer que los test rápidos de detección de anticuerpos no sirven por sí solos para confirmar el diagnóstico de COVID-19 como tampoco sirve un rayos X de tórax. Sin complementar con un test diagnóstico de RT-PCR, ninguno de ellos pudo descartar la COVID-19 como posible diagnóstico de este paciente.
Estas negligencias médicas, aun siendo acciones cometidas de forma involuntaria por los médicos, constituyen un delito tipificado en códigos penales de muchas naciones. No penalizar estas malas prácticas provocaría un aumento de la ocurrencia de las mismas.
