Una embarazada cubana es víctima del sinsentido armado por el régimen con la “Tarea Ordenamiento”, que en realidad ha dejado a la isla más patas arriba que antes.
“Mi prima en Cienfuegos tiene fecha de parto para finales del mes. Debe acogerse a su licencia de maternidad, pero en el Ministerio del Trabajo de esa provincia sólo le ofrecen una licencia de maternidad de 500 pesos 'porque no saben calcularla con las nuevas tarifas'”, denunció en Twitter la periodista Glenda Boza Ibarra.
“Como es lógico a ella no le interesa una licencia de maternidad de 500 CUP [equivalente a unos 20 dólares]. Tampoco es que podría hacer mucho con ese dinero, mucho menos recién parida”, continuó la reportera del medio independiente El Toque.
“Mi prima ha pagado su seguro social religiosamente y le han informado que es el Instituto Nacional de Asistencia Social quien debe asumir su licencia”, continúa Boza.
La periodista emplazó a las instituciones del régimen: “Con más de 32 semanas y una barriga enorme todavía anda caminando de un lado a otro a la espera de alguien 'que pueda calcular', según la tarea ordenamiento, cuánto sería hoy su licencia de maternidad. ¿Quién le responde?”
Aunque la dictadura insiste que es “socialista”, que bajo su dominio “nadie quedará desamparado”, y que no aplica con su Tarea ordenamiento un “paquetazo neoliberal”, lo cierto es que las nuevas medidas económicas son duros golpes a los bolsillos y el poco bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Además del caso descrito de la embarazada, uno de los más demoledores es la abrupta subida del precio a los almuerzos y comidas en los comedores sociales conocidos como SAF (Sistema de Atención a la Familia).
Si bien lo vendido allí a 2 pesos ni eran alimentos de mucha calidad ni la mayoría de las veces estaban bien elaborados, constituía una tabla de náufrago para miles de ancianos en la isla.
Pero desde este mes, por resolución del régimen, el precio subió como norma hasta unos 26 pesos cada comida estándar en esos sitios, y en otros comedores para obreros.
Ante esto, cientos de cubanos se han sumado en las redes sociales a una campaña para que rebajen ese monto. María Cristina Garrido Rodríguez, por ejemplo, lleva un registro minucioso de lo que están vendiendo cada día en el municipio Quivicán, de la provincia Mayabeque.
Publicó en su perfil de Facebook que el 4 de enero lo que vendieron fue “arroz, frijoles y boniato de 1.60. A 13.00 pesos para los retirados. Sin proteínas”.
“¡¡¡Bajen los precios del almuerzo de los retirados!!! ¡¡¡No lo vale!!!”, exigió la activista.
Sus denuncias las acompaña de fotos de los almuerzos, que dan cuenta de lo magro y falto de calidad de lo vendido por el Estado. El 6 de enero, publicó que lo que se ofreció fue “arroz y calabaza con una tajadita de tomate. 13 pesos”.
“Quivicán [está] sin suministros. Bajen los precios del almuerzo en todos los comedores”, pidió.
En Twitter, Norges Rodríguez denunció que “las personas más vulnerables de Cuba han dejado de ir a unos comedores, creados para intentar paliar el hambre, porque el régimen subió el precio de 2 a 26 pesos (por almuerzo y comida)”.
Rodríguez, cofundador del medio independiente YucaByte, compartió un fragmento de un comentario en la televisión estatal, en la que el reportero oficialista Abdiel Bermúdez confirma la subida, y reconoce que en un municipio de la provincia Las Tunas, muchos ancianos han dejado de ir a los SAF.
“Pero dice este vocero que todo está bien, que tienen 'canasta' y están 'subsidiados'”, criticó Norges Rodríguez al periodista del medio de propaganda.
La brutal realidad de personas pobres sin poder acceder ni a los comedores sociales, es referida eufemísticamente por el comentarista de la televisión oficial como que “han optado por cambiar su esquema alimentario”.
