Caridad Carballo de 73 años, era la presidenta de un Comité de Defensa de la Revolución (CDR), y fue expulsada de la organización por reclamar a las instituciones gubernamentales ante el peligro de derrumbe de su vivienda y denunciar su situación a la prensa independiente.
Según un reporte publicado por CubaNet, “el linchamiento político de la expresidenta cederista comenzó tres días después de publicada su denuncia” en este medio. “Las autoridades locales ordenaron eliminar el grafiti del encapuchado en la fachada de Carballo, una obra de Fabián López, conocido por la firma “2 + 2= 5”, indica la nota.
Inicialmente en su comunidad no sospecharon que existiera algún vínculo entre las represalias contra la anciana y la eliminación del grafiti, hasta que los “comisarios políticos” comenzaron a referirse al dibujo como “subversivo”.
A partir de este hecho funcionarios del régimen comenzaron a acusar a Carballo de mezclarse en “asuntos políticos”, luego de denunciar la precariedad de su vivienda.
“Este fue el preludio de una semana repleta de injusticias laborales, intolerancia ideológica y ostracismo público”, denunció CubaNet.
La destitución de Caridad Carballo como presidenta del CDR no. 7 “Claudio Argüelles Camejo”, se realizó con la participación de vecinos de la zona que fueron convocados por funcionarios del régimen.
CubaNet accedió a algunos testimonios de residentes en esta comunidad, sobre la destitución pública de la anciana excederista. “Se supone que sean los miembros del CDR quienes elijan a su presidenta, pero no fue así, ellos mismos lo hicieron todo”, aseguró un habitante de la calle Habana, edificio 611.
“Los funcionarios del régimen que se involucraron en la destitución de Carballo describieron a la prensa independiente con los peores términos del lenguaje oficial”, publicó CubaNet.
Lo que sí es irrefutable son las denuncias de Carballo ante el terrible estado constructivo de su residencia. La anciana cuenta con documentos que ha reunido durante décadas, donde se evidencian sus reclamos ante instituciones estatales y funcionarios; entre ellos, cinco comprobantes de quejas entregadas a la Asamblea del Poder Popular en La Habana.
Carballo, también perdió su empleó en la Oficina del Historiador de La Habana, donde laboró durante 17 años. Incluso una semana antes de su despido había tenido que doblar turnos por la falta de personal.
Un familiar cercano a ella le precisó al citado medio independiente: “Le dijeron que debido a la COVID-19 prescindían de las personas mayores de 65 años, consideradas de mayor riesgo al contagio con el virus”.
