Un anciano salió a las calles del municipio 10 de Octubre, de La Habana, el 4 de enero a gritar lo que sentía en contra la dictadura cubana. Al parecer la protesta fue provocada porque la Policía le impidió vender periódicos y bisutería, según declaró a ADN Cuba el opositor Pedro Luis Fernández Peralta, quien compartió la denuncia.
En el video que acompaña la publicación de Fernández se escucha cómo el anciano grita “hambre y miseria” para referirse a la situación de todos los cubanos. También menciona que "no hay democracia ni libertad". La protesta ocurrió específicamente en calzada 10 de Octubre, entre Dolores y San Francisco.
No es un anciano común, por decirle de algún modo, si no un débil visual: ADN Cuba hizo contacto con él en La Habana y lo confirmó. El señor —quien prefirió mantener el anonimato— aseguró que la Policía desalojó el portal donde tiene su venta legal al por menor y lo subió, "a empujones limpios", a una patrulla.
Lo condujeron hasta la estación policial de Aguilera —ubicada en el mismo municipio, 10 de Octubre— utilizando la fuerza y sin apiadarse de su condición de minusválido.
La situación de este anciano es similar a la de tantos otros en la isla que cargan sobre sus hombros con responsabilidades económicas en sus familias, debido a que la situación general del país les impide vivir una vejez tranquila y digna.
Las pensiones son misérrimas y, a partir de ahora, tendrán que lidiar también con la inflación provocada por la reunificación monetaria, que encarecerá bienes y servicios muy por encima de lo esperado incluso por el propio gobierno.
Por ejemplo, como parte de la “Tarea Ordenamiento”, el régimen subió los precios de los alimentos que el Sistema de Atención a la Familia (SAF) ofertaba a personas pobres y necesitadas. Muchos de los beneficiados con este programa dejaron de ir a recoger la comida luego del 1ro de enero.
El incremento de este servicio que antes era subsidiado ha provocado que varios comensales no accedan a él porque las pensiones no podrán cubrir este gasto de conjunto con otros como la canasta básica o los medicamentos.
Según la ministra del Comercio Interior Betsy Díaz Velázquez, en el espacio oficialista Mesa Redonda el aumento de las pensiones cubre este gasto, aunque la realidad demuestra lo contrario.
“Ese sistema tiene un menú que oscila entre uno y ocho pesos sin subsidio. El incremento salarial de las pensiones y la asistencia social debe permitir el financiamiento del consumo de los censados”.
"Los beneficiados que no puedan adquirir el menú por falta de solvencia económica, se asumen por la asistencia social”, indicó el espacio televisivo estatal.
Según datos oficiales ofrecidas existen 77 661 personas que asisten a las 1445 unidades del Sistema de Atención a la familia en todo el país. Entre las estadísticas se sitúan unos 36 298 jubilados, 6251 con discapacidad y 12 773 por la asistencia social.
A todas estas se suma la crisis agudizada por el coronavirus, que dejó al país en la bancarrota y con una escasez de productos que recuerda —sin que la situación sea tan grave— los peores momentos de la crisis de los 90, llamada “periodo especial”.
Varios jubilados cubanos han indicado que el aumento en sus pensiones no alcanzará para vivir. El gobierno aumentó incluso el precio de muchos medicamentos que los ancianos necesitan y el proceso inflacionario que se avecina dejará diezmados los ingresos de una población sin independencia económica.
