La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés) incluyó recientemente en su base de datos de represores cubanos a la fiscal Dayli Carranza Rodríguez por las peticiones de condena que ha firmado contra participantes en las protestas antigubernamentales del 11 de julio (11J) en la capital de la provincia Villa Clara.
En un boletín enviado a ADN Cuba, la FHRC afirma que Carranza Rodríguez firmó la petición fiscal que solicita siete años de prisión para el preso político Andy García Lorenzo por los presuntos delitos de "desorden público", "desacato" y "atentado", así como las peticiones contra otros 15 manifestantes del 11J en Santa Clara.
“Carranza Rodríguez se sumó a la lista de otros 10 fiscales cubanos que están recogidos bajo la categoría de ‘Represores de Cuello Blanco’ en la base de datos de FHRC y que también han firmado peticiones fiscales injustas y excesivas contra manifestantes del 11J en la isla”, detalla la organización sin fines de lucro en el documento.
En el transcurso de su investigación de la fiscal, residente en el mismo municipio de los manifestantes que acusa, la FHRC ha recibido acusaciones en su contra.
Según éstas, Carranza Rodríguez “ha recibido sobornos desde los Estados Unidos para manipular otros casos de acusados de delitos comunes y tiene montado un negocio ilegal de venta de teléfonos móviles”.
“El equipo de investigaciones de FHRC se reserva una serie de datos confidenciales de la fiscal y de sus homólogos, que serán puestos a disposición del Departamento de Estado de EE.UU. y de entidades internacionales que condenan los delitos en los que incurren estos acusadores al servicio de la dictadura cubana y que son violatorios del propio Código Penal cubano, así como de tratados internacionales”, añade el boletín.
Lea también
El juicio de García Lorenzo, uno de los acusados por la fiscal y ahora enlistada como represora, se realizará este lunes 10 de enero a puerta cerrada, según confirmó a través de las redes sociales su hermana, Roxana García Lorenzo.
Junto a él serán procesados de forma simultánea varios de los 16 acusados que están pendientes de juicio por manifestarse el 11J en Santa Clara o ser detenidos en el contexto de las protestas.
Organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba, activistas y cubanos de toda índole están utilizando las redes sociales para identificar y difundir información sobre represores y colaboradores del régimen comunista, entre ellos los miembros del sistema judicial que contribuyen a las duras condenas políticas contra los manifestantes del 11J.
Lea también
Esta semana fue identificado Luis Enrique Corcho Rosa como responsable de las peticiones fiscales contra varios cubanos acusados por la manifestación antigubernamental en el municipio Caibarién, también en la provincia de Villa Clara.
Norges Rodríguez, fundador del medio independiente YucaByte, expuso al fiscal en Twitter y afirmó que tiene 55 años, vive en el propio Caibarién y pidió condenas de entre cuatro y ocho años para cinco personas que protestaron el 11J en el referido municipio.
Previamente había sido denunciada públicamente Dagmaris Jaca Seco, la fiscal del municipio San Antonio de los Baños, en la provincia Artemisa, que firmó peticiones fiscales de entre seis y 15 años de cárcel para 17 manifestantes en ese poblado, donde comenzó el levantamiento popular que se extendió a más de 60 localidades de la isla entre el 11 y el 12 de julio.
También fueron identificados los fiscales Mabel Palacios Aties, Francisco Sera Planas, Liliam Fernández Berro y Yerandy Calzadilla Dávalos, y los jueces Maikel Santana Cabrera, Lourdes García Gómez, Elizabeth Águila Camacho, Ileana Freijes Tejera y Fernando Torriente Llovet, todos los cuales solicitan excesivas condenas o dictan sentencia bajo cargos fabricados contra los cubanos que participaron en las protestas en distintas demarcaciones.
