El régimen cubano persigue con saña la subida de los precios a raíz de la llamada Tarea Ordenamiento en el sector privado, pero olvida o evita regular a sus establecimientos y empresas, muchas de las cuales también contribuyen a que los bolsillos de las familias se sientan peor que antes pese a los incrementos nominales de salarios y pensiones.
Muestra de ello es la carnicería especializada que oferta productos de ganado menor en Las Tunas, la cual vende carne de ovejo a 280 pesos el kilogramo, poco más de 11 dólares al cambio oficial.
El abusivo precio ha sido criticado no sólo por clientes, sino también por medios oficialistas de la oriental provincia. Uno de ellos fue el portal Tiempo21, sitio web de la emisora Radio Victoria, que cuestionó cómo es posible que, en tiempos de la Tarea Ordenamiento, cuando las máximas autoridades del país han indicado enfrentar los precios especulativos y abusivos de los productos de primera necesidad, en la capital tunera haya una carnicería estatal que venda en esos montos.
Bernardo Ochoa, un tunero que andaba en busca de algo que sirviera como plato fuerte, comentó al referido medio que se sorprendió al enterarse que esa carnicería con ovejo y conejo era del Estado. “Considero que son precios abusivos”, sentenció.
Al respecto, Nelson Enrique González, el carnicero del establecimiento, explicó que en el tiempo que lleva trabajando allí, unos tres años, ha vendido la carne de ovejo a tres precios.
“Cuando empecé el pernil del ovejo costaba a 24,95 pesos la libra. A raíz de la pandemia y el cierre de los hoteles que tenían contrato con nosotros, la Dirección Nacional de Ganado Menor decidió vender esa carne destinada al turismo a la población, pero se le subió el precio a 43,24 pesos la libra. Ya con el ordenamiento y las subidas de salarios, se subió el precio a 128,94 pesos la libra”, detalló González.
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Incluso para un medio oficialista como el citado, los incrementos de precios de dicho establecimiento estatal son desproporcionados e incumplen con el decreto 30 del propio Consejo de Ministros del régimen, el cual trata de “las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas aprobada”.
El decreto es un instrumento para enfrentar los precios abusivos, “aquellos cuyo crecimiento esté por encima de un rango razonable en comparación con productos similares o dentro de la misma familia y que buscan lograr un nivel de utilidad o ganancia desmedida”.
Sin embargo, tal parece que el gobierno cubano lo concibió sólo para el sector privado. Han abundado las multas a cuentapropistas, como un barbero del Vedado capitalino al que le fue impuesta una equivalente a 320 dólares por cobrar el pelado a 50 y no a 25 pesos, pero de los establecimientos estatales y sus elevados costos poco se ha difundido.
