El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) consideró “inconcebible” que el régimen castrista pueda volver a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sin comprometerse “con ninguno de los documentos que conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos” ni con otros pactos de primer nivel.
“En relación con la postulación de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos es importante señalar la poca implicación jurídica vinculante del Estado cubano, tanto en el Derecho Internacional como en su ordenamiento jurídico interno”, indicó el organismo en un exhaustivo documento jurídico enviado a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Un ejemplo de ello son los Pactos Internacionales de 1966, el de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fueron firmados en 2008, “pero, transcurridos más de 12 años, el Estado cubano no ha procedido a ratificarlos, lo cual implicaría ajustar el ordenamiento interno a sus prerrogativas”, explica en un comunicado el OCDH.
De acuerdo con esta entidad, como resultado de la no ratificación de los Pactos Internacionales, Cuba no ha ratificado ni firmado los tres protocolos facultativos derivados de estos.
“En consecuencia, no se halla sometida a la competencia de ambos órganos de tratados, para recibir y examinar comunicaciones de presuntas violaciones de derechos en su jurisdicción, ni se ha comprometido en abolir la pena de muerte”, explica el organismo.
La situación de no ratificación y nulo compromiso por parte de Cuba con diversos tratados internacionales de Derechos Humanos es alarmante, considera la mencionada ONG. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue ratificada por Cuba en 1995. No obstante, 25 años después, La Habana no reconoce la competencia del Comité contra la Tortura, para recibir y examinar comunicaciones de otros Estados partes y posibles víctimas que aleguen incumplimientos o violaciones de la convención.
“El no reconocimiento de la competencia del Comité contra la Tortura para recibir y examinar comunicaciones de otros Estados y de posibles víctimas, convierte la ratificación de la Convención en una mera formalidad y ello propicia la impunidad”, añade el Observatorio.
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Es el mismo caso de otras convenciones internacionales ratificadas por Cuba, pero “sin reconocer sus competencias para recibir y examinar las comunicaciones de posibles víctimas o investigar violaciones graves o sistemáticas en los Estados partes”: la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño (parcialmente) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El OCDH considera “preocupante” que Cuba no haya ratificado siquiera la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.
“En consecuencia, el país no se encuentra comprometido a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), o cualquier otro organismo de Naciones Unidas”, explica el documento.
Otros convenios no ratificados por La Habana son la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apátridas, la Convención Internacional de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares o el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En cuanto a la legislación nacional, el OCDH recuerda que la propia Constitución de la República de Cuba prima sobre los tratados internacionales. Además, señala la falta de independencia del poder judicial, supeditado al gobernante (y único) Partido Comunista, un código penal que establece “medidas predelictivas”, así como las leyes y decretos que limitan la libertad de opinión, expresión, reunión, manifestación y asociación.
El documento del Observatorio Cubano de Derechos Humanos fue enviado además a un grupo de representantes de estados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
