El activista cubano, Osmel Balmaseda Hernández, denunció este jueves que el monopolio de las Telecomunicaciones Etecsa, le roba el saldo y tiene su línea celular bloqueada.
Balmaseda Hernández pidió en redes sociales a sus amigos que no le recargaran el celular y acusó a la Seguridad del Estado y a Etecsa de robarle el dinero.
"Mi línea +5352417219 la tienen bloqueada, mandan cínico mensaje para que vea que no utilizaré el saldo que estafarán", añadió en su denuncia.
El científico cubano, Oscar Casanella se solidarizó con el opositor y calificó esta situación como triste e indignante. "Hay cubanos que de buen corazón te quieren ayudar y resulta que la dictadura se roba ese dinero. Osmel, ¿has reclamado en alguna oficina de Etecsa?", le preguntó.
A lo anterior, Osmel respondió que "comenzaría el peloteo, Etecsa diría que ellos no han bloqueado la línea. Si me llamas en cualquier horario verás que te dará siempre ocupado. Sólo recibo mensajes cuando ellos quieren. No puedo ni pasarle ese saldo a otra persona, la intención es robar descaradamente y evitar que yo pueda publicar. Le temen mucho a las ideas de Martí, eso es evidente".
En octubre de 2019, más de 60 activistas, opositores, y miembros de la sociedad civil cubana, entre los que se encontraba Balmaseda, difundieron el documento Compromiso Democrático donde piden "el fin del sistema totalitario imperante en nuestra patria y el establecimiento de una democracia plena".
El mensaje que contiene cinco puntos y está dirigido a los cubanos, califica lo anterior como algo "imprescindible", debido al "descalabro económico, político y social que sufre nuestro pueblo", y manifiesta un rechazo total al castro-comunismo.
Entre las demandas que hicieron los firmantes estaba el "desmontaje del totalitarismo" como primer paso para una transición hacia la democracia. Asimismo pidieron que se creen mecanismos jurídicos que garanticen esa transición en garantía de derechos y libertades para "toda la ciudadanía, la sociedad civil independiente y las organizaciones políticas democráticas".
En 2017, el activista por los derechos humanos fue expulsado de su trabajo en la empresa AT Comercial, que pertenece a GAESA, tras denunciar faltantes de grandes sumas de dinero en almacenes del grupo que administran los militares en Cuba.
