Rojo de ira e impotencia Jorge Casteleiro Bruno se para, mientras se saca el pullover y lo arroja sobre la mesa donde estaban sentados los tres funcionarios de la Oficina de la Administración Tributaria (ONAT), del municipio Cerro, en La Habana.
–Los voy matar a todos. Son unos abusadores. ¿De dónde voy a sacar todo ese dinero? –grita el joven al salir de la oficina.
En enero de 1997 comienza por primera vez en el país el proceso de entrega de las Declaraciones Juradas de los cuentapropistas, en ese caso sobre los ingresos del año 1996.
Fue un paso traumático. La Ley Tributaria en determinados aspectos es ambigua, y eso ocurrió con el famoso acápite del 10 % relativo a “Gastos necesarios para mantener el negocio”.
Los trabajadores por cuenta propia entendieron que ese ínfimo porciento estaba referido a los insumos para la limpieza, mantenimiento de equipos y reparaciones. Que los otros gastos: impuestos, materias primas, salario, transporte, electricidad y agua corresponderían a un acápite diferente dentro de la futura Declaración Jurada. Craso error. Ese 10 % abarcaba todos los gastos en los que incurriera el negocio.
Para que tengan una idea más precisa de semejante desatino, y de la extorsión y el abuso que sobre los trabajadores por cuenta propia ejercía el régimen, expondré el siguiente ejemplo.
Imagine que usted durante el año ha incurrido en su negocio en gastos ascendentes a 1000 dólares, pero como el Estado solo le reconoce el 10% de ellos, en esa Declaración Jurada puede plasmar únicamente 100 dólares en la columna de gastos.
En junio de ese mismo año, comienzan a citarse a las dependencias de la ONAT a quienes los inspectores fiscales consideraron que habían incurrido en impagos al estado.
Pagos extras de más de $100 000 CUP
En el saco de sub-declarantes fue incluido Jorge Casteleiro, “titular” del restaurante El Patio de María, del Cerro, por lo que fue citado a esas dependencias. Se le exigía el pago extra de $110 000 CUP, equivalente a $4 400 dólares.
En la mencionada reunión estaban presentes, además del “titular”, la directora de la ONAT, el abogado de esa institución y Elizabeth González, jefa de los inspectores fiscales del municipio, quien me narró con lujo de detalles los acontecimientos.
Tras Jorge abandonar, asustado, las dependencias de la ONAT, la directora llama a José Cervera, presidente del Consejo de la Administración Municipal (CAM), y le explica lo ocurrido. Este le dice que eso no se podía permitir, que denunciaran al joven por amenazas.
Entonces le exigen al abogado de esas dependencias que presente la acusación. El hombre se niega, expresando que en ningún momento se había sentido amenazado, y que todos sabían que el dinero que le exigían a Jorge era un abuso.
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Comienzan las amenazas y abusos de poder
Por mucho que presionaron al letrado, este no acata la orden, por lo que de inmediato se procede a la a separación de este de su puesto de trabajo. Le exigen a la jefa de inspectores fiscales, Elizabeth González, que tenía ella que presentar la denuncia.
La mujer explica que, temerosa de perder su empleo y con dos niños que mantener, cedió ante la directora de la ONAT. Se persona en la entonces Estación de Policía del Casino Deportivo y procede a establecer la acusación contra el titular del restaurante El Patio de María.
Detienen al joven. Se le presentan los cargos y tras concluir los trámites pertinentes este es liberado pendiente a juicio. Al enterarse de que han soltado a Jorge, el presidente del CAM llama al coronel jefe de la Estación de Policía, y le exige que detenga de nuevo al muchacho, alegando que el actuar de todos en este caso tenía que ser ejemplarizante. Era “necesario” sentar un precedente que sirviera de escarmiento a todos.
El agente cedió ante la presión que le hace el máximo representante del gobierno en el municipio, por lo que detuvo otra vez al joven.
Los atropellos no concluyen
El padre del encarcelado, tras incansables visitas y ruegos, logra convencer a Cervera, el presidente del Consejo Administración Municipal, y se le exige a Elizabeth González que retire la denuncia.
Cuenta ella que, en los primeros momentos, molesta por todas las presiones que los jefes habían hecho, manifestó que no retiraría la denuncia. Al final se dio cuenta que iba a perjudicar a un inocente y decidió retirarla. Entonces Jorge es liberado.
Todo esto ocurre entre la mañana y tarde de un viernes. Pero sobre las once de la noche llega a la estación el coronel y pregunta por el joven. Le explican lo ocurrido y este, colérico, dice que a él lo habían presionado para que violara lo establecido y lo mantuviera allí por 72 horas. Que para liberarlo primero tenían que darle explicaciones.
Detienen otra vez a Jorge Casteleiro. El abusado permanece encarcelado hasta el lunes siguiente en horas del mediodía. Jorge se ve obligado a pagar el reclamo de la ONAT, pero al no contar con el dinero suficiente para cubrir la supuesta deuda, el gobierno le confisca los bienes del restaurante.
Según establece la Ley los bienes de un negocio, no pueden ser confiscados por lo que antes, a Jorge, le es retirada su licencia como cuentapropista y así deja de existir el reconocido restaurante.
Lo acontecido con el Titular de El Patio de María es una prueba del poder que tienen los funcionarios del Partido y el Estado cubanos. Muchos violan, de manera impúdica, los derechos humanos, y la propia Constitución del país.
