Continúan los escarmientos televisivos en Cuba dirigidos a mostrar "mano dura" ante el pueblo y desplazar las críticas contra la deficiente economía estatal, hacia los "acaparadores" y otras figuras que proliferan a la sombra de la corrupción favorecida por la misma dictadura.
En medio de la profunda crisis económica que hunde cada vez más al país, la policía rastrea cada producto salido de las arcas gubernamentales. Un nuevo reporte emitido por el noticiero oficialista de la televisión cubana, da cuenta de que en en el municipio Nueva Paz de la provincia de Mayabeque, gracias a “información obtenida por los órganos especializados del Ministerio del Interior (Minint)”, se neutralizó la "actividad económica ilícita" en una vivienda ubicada en el consejo popular Los Palos.
“En este lugar existía la venta de productos de dudosa procedencia por lo que se procedió a realizar registro (…) con todas las legalidades que está previsto en estos casos”, refirió el Capitán Diosnel Domínguez Gómez, jefe de la policía en Nueva Paz.
Durante el operativo de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se confiscó carne fresca, cajas de jugo, paquetes de refresco instantáneo, cajas de cigarros nacionales, arroz, galletas dulces, tabacos, jabones, leche en polvo y otras mercancías.
A la ciudadana propietaria del inmueble “le fueron ocupados 55 productos de gran demanda en la población”, y una suma en efectivo de más de 133 mil pesos en moneda nacional, equivalente a 5 320 dólares.
Según la policía, algunos productos estaban vencidos. “La investigación corroboró que la autora principal de los hechos, sin poseer la licencia para ejercer la actividad no estatal, incurría en los delitos de actividad económica ilícita, la receptación y el acaparamiento de productos de dudosa, comercializándolos sin tener en cuenta los requerimientos sanitarios”.
Algunos productos de estos se expenden en la red de comercio interior, “por lo que continuamos con el proceso investigativo”, aseguró el capitán Domínguez Gómez.
Según el reporte, algunas mercancías coinciden con “los sustraídos de la unidad [de comercio estatal] La Esperanza”, ubicada en el mismo barrio y que fuera “objeto de un robo con fuerza”.
Lo decomisado, según la prensa de propaganda “implica un daño económico [al Estado] ascendente a los 100 mil pesos”, equivalente a unos 4 000 dólares al cambio actual, lo que sumado al dinero confiscado en efectivo suma un total de casi 10 mil dólares.
Según la prensa estatal, la mercancía se encuentra “en depósito” para ser examinada por autoridades de salud. No informaron sobre el destino final de los productos.
La vocera del régimen dice que “una vez más la economía popular y la del país se ven afectadas por el actuar oportunista de personas inescrupulosas, por eso la población debe continuar acompañando al Ministerio del Interior en este combate”. Fue evidente el llamado a que las personas denuncien e incriminen.
Mientras, en los nuevos mercados mayoristas para los pequeños negocios privados y comerciantes, apenas hay productos disponibles que comprar. En medio de la escasez generalizada por la ineficiencia del desgobierno totalitario, crece el mercado negro y el principal responsable es el Estado.
Las notas televisivas sobre los decomisos y “enfrentamiento al delito”, que ocupan los titulares de los últimos meses, cumplen con las indicaciones del Minint, para dar una imagen de severidad contra el delito, aunque rara vez sobrepasan el escalón bajo de los hechos y se enjuicia a funcionarios corruptos.
