Namarys Bolaños salió a comprar comida el 22 de septiembre para ella y su hijo. No pudo encontrar lo que buscaba, pero a cambio se llevó una multa, para ella y su criatura, de 4000 pesos en conjunto.
Este 23 de septiembre dejó claro en redes sociales que no tiene con qué pagarla y probablemente vaya a la cárcel. “El compañero policía que cuida la cola supuestamente nos escogió al azar y nos puso 2000 pesos de multa a cada uno. Así está Cuba”, comentó la madre, resignada.
Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales. Lisandra Iglesias dijo: “Quieren recoger dinero y no saben cómo. Están multando hasta por gusto”. Maibelys Orama añadió: “Hasta cuándo tendremos que seguir sufriendo esta represión del gobierno”.
La imposición de multas más altas es parte del plan de emergencia que el régimen puso en práctica en La Habana para contener la expansión del coronavirus, cuya segunda ola comenzó en agosto, luego de que las cifras de contagios se redujeran drásticamente el mes anterior. El plan incluye el toque de queda en las noches, limitaciones a la circulación vial y automotor, entre otras medidas.
Muchos cubanos han denunciado que la policía aprovecha esta situación para poner multas “a diestra y siniestra”, sin indagar mucho en los porqués. Las circunstancias se prestan para injusticias y arbitrariedades de todo tipo.
El proyecto Inventario, que emplea herramientas periodísticas y tecnología cívica para contar la realidad de Cuba, publicó en su cuenta en Twitter, que el régimen cubano en una sola semana recaudó en La Habana más de 9 millones de pesos por multas.
“Hacia la tarde del lunes 7, el total de multas llegaba a 4589. De una información anterior, sabemos que al menos 207 de esas multas son de $3000. El valor total de todas sería como mínimo $9.385.000”.
Las multas impuestas por los agentes de la Policía Nacional revolucionaria (PNR) se basan en no usar mascarillas sanitarias o llevarla incorrectamente; posible propagación de epidemias; incumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias en instituciones estatales o de trabajo por cuenta propia; realización de juegos o estancias en la vía pública; ingesta de bebidas alcohólicas en lugares público; entre otros.
Las sanciones impuestas por el decreto 14 de 2020 no tienen bonificación y deben pagarse dentro del plazo de 10 días naturales, tras los cuales el monto se duplica.
Mientras las autoridades del régimen en La Habana andan con el talonario de multas suelto, los residentes continúan agobiados por una crisis y escasez crónicas, siempre acompañadas de salarios simbólicos y falta de circulante de valor; tan alto número de multas y su monto no puede menos que resultar llamativo y hasta alarmante.
