La plataforma opositora Cuba en Plural pidió apoyo internacional para la sociedad civil independiente y califico de “problema de seguridad nacional” la falta de democracia en la isla.
En una declaración que llegó a nuestra redacción, Cuba en Plural aseguró que el acoso policial y mediático contra los opositores “son inconstitucionales y contrarias al orden jurídico. Violan todos los derechos fundamentales recogidos, básicamente, en los artículos del 52 al 56 de la vigente Constitución”.
“Lo que añade un peligroso y nuevo vacío de legitimidad a un gobierno que no surge de las urnas”. Por esta razón, la promoción de la democracia ayudaría a la cusa de la libertad tanto como a renovar el pacto social entre un nuevo gobierno y sus ciudadanos de forma democrática.
A juicio de las organizaciones que forman la plataforma, EE. UU. y la Unión Europea deberían preocuparse más por la promoción de la democracia en la isla, una actividad legítima y legal. El gobierno cubano ha brindado apoyo a organizaciones afines en esos países, por lo que Washington y Bruselas tendrían derecho a hacerlo en la isla.
Por otra parte, “el artículo 16, inciso g de la Constitución, que regula las relaciones internacionales del Estado, reconoce la defensa y protección de los derechos humanos al tiempo que repudia cualquier manifestación de racismo y discriminación”.
“Nada hay de ilegítimo, por consiguiente, en el apoyo a la sociedad cubana en sus genuinas aspiraciones democráticas. Para Cuba, la democracia y los derechos humanos son asuntos de seguridad nacional”, concluye el texto.
Para Cuba en Plural el peligro a la seguridad nacional proviene de la miseria que se extiende a lo largo y ancho del país, la imposibilidad del Estado para detenerla y la posibilidad de una “implosión demográfica” en algún momento.
Firman el comunicado opositores como Manuel Cuesta Morúa, María Elena Mir Marrero y José Díaz Silva, entre otros.
El texto hace mención especial a la represión contra las organizaciones Movimiento San Isidro y Unión Patriótica de Cuba, sometidas a un fuerte hostigamiento por las fuerzas de seguridad del régimen cubano.
A continuación, el texto íntegro de la declaración:
La Habana, 5 de mayo de 2021
Declaración
Cuba En Plural
Cuba está amenazada en su seguridad nacional. Esta amenaza no es externa, es interna. No proviene de la sociedad; viene desde el Estado. Desde este se insiste en una interpretación ideológica de la nación y de la sociedad cubanas, poniendo en peligro no solo nuestra continuidad como espacio nacional, sino la viabilidad de Cuba como unidad económica y los sentidos de pertenencia de amplios sectores sociales. La posibilidad de una implosión demográfica está a las puertas.
La economía y el discurso del poder han perdido ya todo vínculo de consenso con la población, en una dimensión cultural y social, y solo mantienen un consenso coactivo mediante la maquinaria coercitiva del partido-Estado y el modelo extractivo que han puesto en práctica: a través de la policía nacional, los órganos de seguridad y la burocracia técnico-administrativa, cada vez más incompetentes, y de las remesas que proceden del exterior.
Las huelgas de hambre y de sed sucesivas de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), son las señales en el límite de esta ruptura política entre un partido-Estado cada vez más aislado en su propio búnker y una nación-sociedad librada a su supervivencia, aunque cada vez más autónoma.
Cuba En Plural, no identificada con la huelga de hambre y de sed como herramienta cívica y política, ha respetado siempre a, y apoyado las demandas de quienes han optado por este recurso supremo de afirmación de los derechos y de la dignidad, frente al despotismo y al vacío humanista de un supuesto humanismo revolucionario que solo concibe a los cubanos como un cuerpo permanentemente hospitalizado. La visión estrecha de Cuba como Isla-hospital y como excelencia en la pedagogía doctrinaria se ha agotado en dos resultados lógicos: el debilitamiento de su capacidad médica, y la quiebra de los valores culturalmente acumulados por la sociedad.
La UNPACU ofrece medicinas y alimentos; el MSI ofrece las pistas de un nuevo consenso cultural basado en la libertad. Que estas dos nuevas necesidades sociales tengan que reafirmarse con el sacrificio del cuerpo de sus líderes expresa otras dos rupturas: la del gobierno como servicio y la del gobierno regulado por y respetuoso de la ley.
Esta ruptura del discurso y la acción práctica del gobierno con el orden constitucional es una de las peores amenazas a la seguridad nacional que se vienen produciendo, al menos desde que entró en vigor la nueva Constitución el 10 de abril de 2019.
La guerra judicial desembozada, el asedio constante, el sitio policial a las casas, las detenciones arbitrarias, las limitaciones de movimiento, los públicos asesinatos a la reputación, el decomiso extrajudicial, las campañas de odio institucionalizadas y amparadas en el discurso revolucionario, y la instrumentación de matones para amedrentar al disenso político, todo en un despliegue abierto desde las instituciones del Estado y contra ciudadanos pacíficos, son inconstitucionales y contrarias al orden jurídico. Violan todos los derechos fundamentales recogidos, básicamente, en los artículos del 52 al 56 de la vigente Constitución.
Lo que añade un peligroso y nuevo vacío de legitimidad a un gobierno que no surge de las urnas. No resulta conveniente alimentar la ilusión de que el control efectivo y real de las instituciones represivas del Estado implica su legitimidad política y su viabilidad estratégica. El éxito de poder no debe confundirse con el éxito de la nación.
La comunidad democrática internacional debería tomar más en serio los criterios de legitimidad democrática y de legitimidad de las reglas institucionales en su trato con Cuba y con el gobierno. La sociedad cubana y sus ciudadanos actúan más en consonancia y respetan más el orden constitucional que las propias autoridades cubanas.
La Unión Europea y los Estados Unidos podrían alinear sus esfuerzos y estrategias detrás de una clara demanda y un calibrado condicionamiento al gobierno cubano para que respete su propio orden constitucional. La distinción política que este hace entre revolucionarios y no personas (contrarrevolucionarios, mercenarios, gusanos) destruye la base más legítima de ese orden, el ciudadano, y sustituye la legitimidad de los vínculos jurídicos entre ciudadanos y el Estado por el mero uso de la fuerza.
Hasta tanto no haya un compromiso definitorio y una actuación verificable por parte del gobierno en relación con su propio orden constitucional, la Unión Europea debería establecer una moratoria al Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, exceptuando las exigencias de la Covid-19. Hay una clara relación entre el irrespeto de la Constitución cubana y el irrespeto de importantes compromisos internacionales del gobierno.
Por otra parte, la Unión Europea y los Estados Unidos deberían auspiciar una cumbre a un nivel diplomático apropiado, independientemente o en coordinación, con representantes de la sociedad civil y pro democrática cubana, antes de retomar o profundizar en el curso de una estrategia de deferencia diplomática con el gobierno cubano. Los desafíos locales a la democracia son un asunto global.
La comunidad democrática internacional no debería, finalmente, dejarse intimidar por su apoyo a la comunidad cultural, cívica y pro democrática cubana. No solo porque es legítimo. Y no solo porque el gobierno cubano brinda y ha brindado, de hecho, su total apoyo y solidaridad a fuerzas sociales y políticas en otros países. También porque, constitucionalmente, legitima este tipo de acción exterior. El artículo 16, inciso g de la Constitución, que regula las relaciones internacionales del Estado, reconoce la defensa y protección de los derechos humanos al tiempo que repudia cualquier manifestación de racismo y discriminación.
Nada hay de ilegítimo, por consiguiente, en el apoyo a la sociedad cubana en sus genuinas aspiraciones democráticas. Para Cuba, la democracia y los derechos humanos son asuntos de seguridad nacional.
Por Cuba En Plural:
María Elena Mir Marrero
Zuleydis Pérez Velázquez
Red de Líderes y Lideresas Comunitarios:
María Mercedes Benítez Rodríguez.
Dariem Columbié Grave de Peralta.
Ciudadanos Observadores:
Plataforma Otro 18 de Procesos Electorales
Manuel Cuesta Morúa
José Díaz Silva
Partido Arco Progresista
Movimiento Opositores por una Nueva República
