Hasta julio de este año, 27 cubanos fueron sancionados administrativamente por el Servicio Nacional de Migración de Panamá, por incumplir con obligaciones establecidas en la ley que regula el movimiento migratorio en ese país.
Entre los sancionados, al menos ocho fueron deportados a la isla, según datos de la autoridad migratoria de la nación centroamericana, a la que muchos cubanos acuden en condición de turistas para comprar mercaderías y luego revenderlas en su país, y otros como paso obligatorio en su ruta hasta la frontera sur de Estados Unidos.
Sin embargo, en estos tiempos de coronavirus la presencia cubana en las zonas comerciales más importantes de Panamá ha sido mínima, si no es que nula.
Los datos del Servicio Nacional de Migración dan cuenta que de enero a julio de 2020 han sido sancionados administrativamente 282 extranjeros. Además de los cubanos, entre las nacionalidades con más sancionados bajo la ley número 3 del 22 de febrero de 2008 destacan la colombiana, con 92; la nicaragüense, con 85; venezolana, con 41; y la ecuatoriana, con siete.
Del total, 137 extranjeros fueron sancionados por estar indocumentados o irregulares, 64 por estadía vencida, 22 por evasión de puesto de control, 15 por atentar contra la seguridad colectiva y 14 por falta de sello de entrada, precisó el medio Panamá América.
Entre deportaciones, expulsiones y retornos voluntarios, la autoridad migratoria panameña ha realizado este año 1 036 acciones. En el caso de los cubanos sólo se precisa el número de deportados: ocho de un total de 166 deportaciones desde Panamá a los países de origen de los extranjeros.
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Para Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, que el Servicio de Migración se encuentre tomando decisiones de tipo administrativas que conllevan a sanciones es algo característico de la entidad, aunque se percibe un cierto agravamiento por la crisis que se vive como consecuencia de la contingencia sanitaria.
"Evidentemente nos encontramos en una situación difícil, toda vez que la pandemia fue declarada en el mes de marzo y las personas que en ese momento laboraban se tuvieron que acoger a la deportación o al retiro voluntario", dijo, citado por el referido medio.
Fraguela consideró que en Panamá los extranjeros de buena fe deben ver la posibilidad de un arraigo para una mejor opción de vida, lo cual no impide que se actúe contra aquellos que no vean en el país “ese grado de compromiso”.
