Yoandy Riverón, conocido por víctimas de la represión en Cuba como el oficial “Cristian” de la Seguridad del Estado, fue identificado este miércoles como el propietario de una pequeña empresa privada (Pyme) de calzado en Camajuaní, provincia de Villa Clara.
El periodista oficial Lázaro Manuel Alonso promocionó en su perfil de Facebook lo que llamó “un pequeño negocio privado” de la ciudad de Camajuaní, que produce zapatos con “precios distantes de la locura del mercado”. Entre quienes comentaron el post, salió a relucir Riverón como la persona detrás de la empresa.
José Raúl Gallego, periodista de investigación y académico, denunció que Yoandy Riverón devino empresario “luego de que durante años fuera uno de los responsables del hostigamiento, acoso y expulsión de alumnos y profesores de la Universidad Central de las Villas [UCLV] como fueron los casos de Karla Pérez González (2017), Dalila Rodríguez (2016-2017) y Javier Larrea (2018-2020)”.
El agente de la policía política “se ufana de los altos volúmenes de producción que tiene su negocio, algo sumamente difícil en un país donde el acceso a las materias primas de manera estable es algo que aqueja a la mayoría de los negocios, más en un área como la industria del calzado, que necesita de recursos importados”, comentó Gallego.
El comunicador agregó que “el esbirro-empresario anuncia expansión de su negocio al más puro estilo capitalista, con la apertura de tres tiendas más en diferentes municipios de la provincia. En una sola publicación de Facebook tenemos evidenciada la cadena de complicidad régimen-militares-emprendedores vitrina-prensa oficialista”.
Según José Raúl Gallego, “en Cuba es común ver tanto a militares como a esbirros de la Seguridad del Estado re-convertidos en dueños de negocios y de tierras una vez concluidos su servicio activo, siempre gozando de los privilegios que no tienen otros emprendedores y que les permiten competir con estos en condiciones de suma ventaja. Esta es la 'clase privada emergente' que favorece el régimen, un grupo formado a su imagen y semejanza, leal, y que usa para mostrar una imagen de 'cambios' que no existen”.
En mayo, y como parte de un cambio de política hacia Cuba, el gobierno norteamericano anunció que quitaría el límite a las remesas familiares de 1000 dólares por trimestre y autorizó las remesas de donativos (no familiares), que “apoyarán a los empresarios cubanos independientes”. La Administración Biden afirmó que entre sus objetivos está “aumentar el apoyo a los empresarios cubanos independientes”, para lo cual pretende fomentar “las oportunidades comerciales fuera del sector estatal al autorizar el acceso a la tecnología de nube ampliada, las interfaces de programación de aplicaciones y las plataformas de comercio electrónico”.
Tras el destape del agente “Cristian” como empresario, José Raúl Gallego advirtió en Facebook que este tipo de revelaciones debe investigarse y difundirse porque “quizá mañana, un negocio de un esbirro de la Seguridad del Estado (que plagia además marcas como Nike y Adidas) pudiera estar entre los beneficiados con las medidas de Biden para el sector 'privado' cubano, mientras que el verdadero emprendedor sigue trabajando sin acceso a los recursos más elementales y temeroso de que si un día levanta la voz, puede ser juzgado por 'receptación', 'acaparamiento', 'enriquecimiento ilícito' o cualquier otra figura creada para juzgar arbitrariamente a aquel que se convierta en un estorbo para el régimen”.
Una de las víctimas del agente “Cristian”, el activista por el bienestar de los animales Javier Larrea, comentó que es un “detestable sujeto” que estuvo “muchos años haciendo daño, hostigando, acosando, y persiguiendo cada paso que daba yo en la universidad y fuera de ella”.
“Él y muchos profesores de la universidad, con la complicidad de la dirección de la UCLV fueron los culpables de mis distintas sanciones, entre ellas la separación de la educación superior por 3 años... con una condicional que no la hizo efectiva que no era más que un chantaje de portarme bien y no poner en entredicho 'por culpa de mi activismo' el prestigio de la 'universidad del presidente'”, agregó Larrea, quien dijo que Yoandy Riverón lo sometió a “varias horas y días de interrogatorios”.
Otra de las personas reprimidas por Riverón, la joven periodista independiente Karla Pérez, lo definió como un sujeto “entrenado para manipular, reprimir y violentar a activistas. Espero que pague por el daño que ha hecho en los tribunales de justicia que tendremos en una Cuba libre”.
En diciembre de 2021, Karla Pérez, refugiada en Costa Rica tras el destierro político al que la forzó el régimen cubano, expuso a Riverón como el agente de la Seguridad del Estado que la “torturó psicológicamente” cuando ella tenía 18 años y fue expulsada por razones ideológicas de la UCLV.
“Denuncio públicamente a Yoandy Riverón, agente de la Seguridad del Estado que me interrogó durante meses en la Universidad Central Marta Abreu de La Villas, cuando yo tenía apenas 18 años”, escribió Pérez en sus redes sociales. “No soy ninguna delincuente ni criminal común, como él me dijo que me tratarían”, agregó la reportera de ADN Cuba.
