El abogado independiente Edilio Hernández Herrera solicitó el pasado miércoles 26 de agosto una licencia extrapenal para los presos Maykel Delgado Aramburu y Harold Alcalá Aramburu, sancionados a cadena perpetua por el intento de secuestro de la Lanchita de Regla en 2003 para llegar a Estados Unidos.
El recurso, presentado en el Tribunal Provincial de La Habana, podría quedar sin respuesta, dado que no hay un término establecido por la ley para que la referida entidad judicial lo atienda o responda.
“Anteriormente la madre y tía de estos reclusos, Julia Estrella Aramburu (recientemente fallecida), había solicitado varias peticiones de indulto tanto a Raúl Castro como a Miguel Díaz-Canel, y en todos los casos fueron rechazadas o ignoradas. Esta vez la petición tiene como objetivo sacarlos de las infrahumanas condiciones donde cumplen su pena, en extremo excesiva”, explicó el letrado a Diario de Cuba.Según éste, Maykel y Harold, quienes fueron sentenciados junto a nueve personas más, están recluidos en celdas oscuras donde apenas hay ventilación y no hay mesas para que coman dignamente. Asimismo, no los sacan a tomar el sol diariamente, todo lo cual constituye una violación a sus derechos como convictos.
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Las prácticas a las que los someten incumplen totalmente las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (más conocidas como Reglas Mandela) y el Reglamento del Sistema Penitenciario del Ministerio del Interior de Cuba, dijo Hernández al referido medio.
La persistencia de estas arbitrariedades de las autoridades durante un tiempo tan prolongado ha provocado en ambos reclusos varias enfermedades digestivas y de la piel que, en las condiciones de la cárcel, no son posibles de atender y curar, agregó.
El intento de secuestro de la llamada Lanchita de Regla en abril de 2003 formó parte de una ola de intentos de secuestros de aeronaves y embarcaciones cubanas en esos mismos meses, siempre con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
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El juicio a los perpetradores del hecho, muy criticado por hacerse de manera sumaria, fue el último en Cuba en el que se aplicó la pena de muerte, a la cual fueron condenados los tres principales encartados.
Los fusilamientos provocaron la repulsa de buena parte de la comunidad internacional y de organismos defensores de derechos humanos, que calificaron de excesiva la condena y señalaron la total falta de garantías para todos los acusados, así como la evidente intención con el proceso judicial de atemorizar a todos aquellos que pretendiesen realizar acciones similares, recordó Diario de Cuba.
