Delegados de la Asamblea Provincial de La Habana del IX Congreso de la oficialista Unión de Juristas de Cuba (UNJC) acusaron la existencia de una “campaña de descrédito” y amenazas contra especialistas del sector por su participación en los procesos legales contra manifestantes de las protestas antigubernamentales que se suscitaron los días 11 y 12 de julio del pasado año (11J) en más de 60 localidades de la isla.
Según reporta Tribuna de La Habana, órgano oficial del Comité Provincial del Partido Comunista, los delegados patentizaron “su apoyo y solidaridad a fiscales y jueces que intervienen en investigaciones y juicios, cumpliendo con el debido proceso y otros principios básicos de la Constitución”.
En tal sentido, aprobaron una proclama en rechazo a la campaña que denuncian, durante cuya lectura el presidente de la Junta Directiva Provincial de la UNJC, Osmín Álvarez Bencomo, afirmó que los fiscales y jueces que han intervenido en los referidos procesos han tenido una “actitud responsable” y “apego a la verdad y el carácter humanista en la impartición de justicia”.
Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario de esa organización política en La Habana, definió las protestas del 11J como “una guerra mediática” articulada para tratar de “confundir al pueblo contra su Revolución”.
Activistas y organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba han denunciado violaciones al debido proceso y condenas excesivas contra los manifestantes juzgados por su participación en las protestas.
En aras de fomentar la transparencia y el conocimiento público de los casos que el régimen y sus órganos de propaganda ignoran a diario, lo activistas han expuesto nombres y rostros de los fiscales y jueces que han condenado a numerosos años de prisión a los manifestantes juzgados bajo cargos que califican de “fabricados” para justificar una “farsa judicial”.
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Este viernes, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, cuestionó en Twitter la actitud y acciones de los que exponían a los jueces y fiscales intervinientes en los procesos judiciales derivados del 11J.
“¿Cuál es la catadura moral de quienes, desde el anonimato o la distancia, osan amenazar a los jueces cubanos? ¿Qué pretenden? Quienes así actúan, ¿son acaso personas decentes y de bien?¿Quieren sembrar miedo? ¡¡¡SE EQUIVOCAN!!!”, escribió el funcionario castrista que meses antes había asegurado en una conferencia de prensa con medios internacionales que el derecho a la libre manifestación estaba consagrado por la constitución vigente en la isla.
La activista cubana Salomé García Bacallao respondió a Remigio Ferro que quienes compartían las identidades de los jueces y fiscales no lo hacían desde ningún anonimato.
“Aquí no nos escondemos para exigir justicia. Acusamos públicamente a esos jueces y fiscales del delito de prevaricación porque las sentencias venían ‘de arriba’ y los juicios fueron una farsa. Pedimos sanciones”, sentenció.
