Miembros del 27N entregaron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición para que impulse la destitución como diputado y miembro del Consejo de Ministros de Alpidio Alonso Grau, el actual Ministro de Cultura.
La organización mostró en redes sociales imágenes del momento en que entregan los documentos en la sede de la Asamblea, el Capitolio de La Habana.
Alonso reprimió a golpe y manotazo, arropado por la policía política del régimen, a una comitiva del 27N que reclamó de manera pacífica una reunión con autoridades de su ministerio el 27 de enero.
La agresión, filmada por medios independientes y difundida en las redes, es una violación de las leyes cubanas, y debería ser penada, aunque en Cuba el sistema de justicia garantiza impunidad a los altos cargos del gobierno.
Según el Artículo 8 de la Ley de Revocación de Mandatos, “los elegidos a los órganos del Poder Popular pueden ser revocados si incurren en hechos que los hagan desmerecer de buen concepto público o manifiestan una conducta incompatible con el honor de ser representante del pueblo en un órgano del Poder Popular”.
El Ministerio de Cultura había prometido dialogar con los artistas, promesa que nunca cumplió y que cambió por ofensas, difamación en medios oficiales y, al final, violencia descarada contra la treintena de jóvenes pacíficos que se congregaron en sus inmediaciones en enero.
Intelectuales, políticos y organizaciones internacionales se solidarizaron con los artistas reprimidos, quienes fueron introducidos en un ómnibus y sometidos a golpizas, como comentaron a medios independientes.
Por estas acciones, Alonso y sus viceministros, entre ellos Fernando Rojas, han merecido el escarnio de la opinión pública cubana, que ve en ellos el símbolo de la represión y la obstinación suicida de la cúpula castrista.
El 27N surgió de manera espontánea a raíz de las protestas por más libertades y respeto a las opiniones disidentes que convocaron a unos 400 artistas en noviembre de 2020, en solidaridad con los manifestantes del Movimiento San Isidro, reprimidos por la policía política del régimen.
