Durante noviembre ocurrieron 353 protestas en toda Cuba, 79 de ellas el día 15 de ese mes en medio de un “estado de terror”, según reportó el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).
Un informe concluye que en la isla “se acentuó la radicalización de las protestas en tanto el 75% han pasado a ser eminentemente por derechos políticos y civiles”.
El OCC, apoyado de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, refiere que “noviembre estuvo marcado por el pulso entre la sociedad civil y el gobierno en torno a las marchas cívicas convocadas por el Movimiento Archipiélago para el día 15”.
La organización afirma que existe una “tendencia ascendente de las protestas”, desde que se comenzó el monitoreo en septiembre del 2020. El aumento de las muestras de descontentos ocurrió “en especial desde que el gobierno creyó haber aplastado la resistencia del sector cultural con el asalto a la sede del Movimiento San Isidro el 26 de noviembre” del año anterior.
Según el OCC hay una “ocupación militar de la isla y continuidad de la represión desde el 11J”, cuando un estallido social sorprendió al régimen.
“El 15 de noviembre ha sido la primera vez en 62 años que el Ministerio del Interior, sus fuerzas paramilitares y las FAR se vieron en la necesidad de realizar una completa ocupación de todas las zonas urbanas y de muchas rurales, mediante: operativos policiales, despliegue de miembros de la Seguridad del Estado vestidos de civil, actos de repudio, mensajes con amenazas y el corte selectivo de líneas telefónicas”.
Las manifestaciones públicas ocurridas en noviembre tuvieron que ver con derechos políticos y civiles (266), “motivadas por exigencias del cese de la violencia, la libertad de los presos políticos, derechos para todos los cubanos y el inicio de un proceso de cambio hacia la democracia”.
También hubo “denuncias de arbitrariedades y desamparo legal del ciudadano común e injustas condenas contra protestantes pacíficos; sobre torturas en las cárceles, actos de repudio, represiones, golpizas, prisión domiciliaria, y expulsiones de centros de trabajo”.
Además, se registraron 87 protestas relacionadas con los derechos económicos y sociales, “motivadas por la explotación laboral a cuentapropistas y soldados (reclutas), excesivas y severas multas, feminicidios –29 en lo que va de año–, malas condiciones en las prisiones, desamparo de veteranos y retirados, altos precios de la canasta básica, desabastecimiento y corrupción en las tiendas de dólares”.
Según el Observatorio Cubano de Conflictos, “se ha consolidado el consenso generalizado de que una dictadura controla el poder” en la isla.
“La naturaleza reaccionaria y criminal de la nueva oligarquía empresarial-militar quedó en evidencia al desestimar su propia Constitución y sistema de justicia [para ilegalizar la marcha del 15N], con lo cual enajenó sus propias bases de apoyo y la opinión pública internacional”, concluyó el informe el Observatorio.
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El OCC considera “manifestación pública” a todas aquellas acciones, de diversa índole, que expresan de forma pública, sea de manera individual o colectiva, el rechazo ciudadano a disposiciones oficiales, instituciones o autoridades.
“Pueden tomar la forma de protestas callejeras, pintadas de muros, colgar carteles, corear consignas, negarse en público a cumplir órdenes policiales o administrativas, realizar una marcha, procesión, sentada o misa no autorizada, distribuir volantes, hackear sitios oficiales o crear otros falsos, repartir publicaciones impresas o digitales prohibidas, distribuir memes y chistes satíricos de las políticas gubernamentales y muchos otros más”, explica la organización sobre su metodología.
Portada: Imagen de archivo de la Brigada Especial del Minint patrullando La Habana
