La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron este 29 de noviembre “preocupación” por la “continuidad de estrategias represivas e intimidatorias” del régimen de Cuba para frenar la Marcha Cívica, convocada para el 15 de noviembre pasado.
Hicieron un llamado “al Estado [cubano] para que se asegure la no repetición de las violaciones a los derechos humanos que se han constatado desde el 11 de julio en Cuba; y recuerdan su deber de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a reunión pacífica”.
Integrantes de la plataforma Archipiélago y otros grupos de la sociedad civil notificaron a las autoridades de varias ciudades la intención de realizar una manifestación pacífica contra la violencia, a favor del respeto a los derechos humanos y por la liberación de los presos políticos. El gobierno respondió declarando “ilícita” la marcha.
La CIDH tomó nota de que la Fiscalía General de la República advirtió a los organizadores de la protesta que “serían acusadas de varios delitos, entre ellos desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir”.
Según una nota publicada por la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH y la RELE recibieron información “sobre diversos actos represivos e intimidatorios durante entre el 12 y 15 noviembre, reportes de alegadas retenciones domiciliarias con vigilancia policial, detenciones arbitrarias, actos de repudio y hostigamiento en contra de las personas organizadoras y de quienes apoyaban la marcha, citaciones a interrogatorios en estaciones policiales, amenazas de imputación de delitos y cortes deliberados en el servicio de internet”.
Añadieron que “estas acciones represivas conllevaron un escenario generalizado de temor y autocensura, y desalentaron el ejercicio del derecho de protesta por parte de la ciudadanía”.
Las entidades de derechos humanos denunciaron que periodistas independientes de ADN Cuba, 14ymedio y La Hora de Cuba, fueron “citados a interrogatorios por la policía en los días previos”.
La RELE refirió “la persistente situación de asedio de agentes de la Seguridad del Estado en las residencias de reporteras y reporteros que informan activamente sobre asuntos de interés público y cuestionan al gobierno”.
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La CIDH y su RELE tomaron nota de la salida al exilio de Yunior García, uno de los líderes de Archipiélago, “motivado por las amenazas, la retención domiciliaria, y los actos de hostigamiento en su contra y de su familia”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, recordaron que “los Estados deben actuar sobre la base de que las protestas sociales son lícitas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”.
Añadieron que “la actuación policial en contextos de manifestaciones debe tener por fin facilitar y proteger los derechos de las personas que participan de las mismas, no la confrontación y limitación de derechos”.
Al menos 80 actos represivos llevaron a cabo las autoridades del régimen cubano contra posibles participantes en la Marcha Cívica, convocada para el pasado 15 de noviembre, denunció la Comisión de Apoyo al grupo opositor Archipiélago.
Eric Brito, integrante de la Comisión de Apoyo, dijo a Radio Televisión Martí que el número real podría ser mayor, porque las familias fueron sometidas a interrogatorios y otras presiones de la policía política para que no denuncien.
“Sucedieron situaciones de interrogatorios ilegales como método de coacción a las personas que habían manifestado su intención de marchar el día 15 de noviembre y una serie de amenazas hacia los familiares de personas detenidas”, dijo Brito.
Portada: Camiones militares con efectivos de civil vigilan zona en La Habana donde se convocó a marchar el 15N (Foto: Reuters)
