Las Fiscalía del régimen cubano radicó cinco procesos penales en la provincia de Sancti Spíritus por las protestas del 11 de julio (11J), que totalizan 11 personas acusadas, informó este viernes el medio local oficialista Escambray.
Según el reporte, que define las protestas como un “elemento esencial de una operación político-comunicacional promovida y financiada por el gobierno de Estados Unidos” para “generar un clima de desestabilización en Cuba”, la Fiscalía Provincial no recibió ninguna queja de la ciudadanía asociada a los procesos penales radicados o de otra índole vinculada a las manifestaciones.
Sólo uno de los 11 implicados en los procesos se encuentra cumpliendo prisión provisional y está pendiente de ser presentado al Tribunal por los supuestos delitos de desacato e instigación a delinquir, precisó la fiscal María Esmeralda Pérez, jefa del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial.
La funcionaria detalló que cuatro de los procesos penales pertenecen a la cabecera provincial y uno a Trinidad, localidades en las que se registraron protestas en la provincia. Según afirmó, se ha actuado de acuerdo con lo establecido por la ley y en estricto respeto al debido proceso, una aseveración que fue puesta en duda por el abogado del acusado en prisión provisional.
En los comentarios a la nota oficial de Escambray, el letrado, identificado como Yasser Pérez García, acusó que la información no era completa ni concordaba totalmente con la realidad.
“Tengo una responsabilidad legal con mi trabajo y mi cliente, y si se expone públicamente su caso, aún cuando no se mencione su nombre, estoy obligado a representarlo en el proceso que se sigue en su contra, y en este caso todo indica que se pretende iniciar un juicio público, cuando no se ha presentado la acusación ante el Tribunal alguno”, escribió Pérez.
Según subrayó, “sí se presentaron dos quejas ante la negativa de modificar la medida cautelar de prisión provisional”, que se mantiene aun cuando las acciones cometidas por su representado no fueron violentas ni ocasionaron daños o lesiones a nadie.
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“Medida Cautelar de Prisión Provisional que sólo la sufre un individuo que se manifestó en solitario, mientras que la autoridad competente ha decidido, por similares hechos, y por otros cometidos entre varias personas, aplicar decisiones administrativas, sin que se argumente o explique qué sustento tiene no cumplir con el principio constitucional de igualdad de todo individuo ante la Ley, o con la política de la Fiscalía General de la República que ha sido informada en varios artículos periodísticos y en conferencia de prensa, de sólo aplicar la Prisión Provisional a los hechos graves relacionados con actos violentos”, añadió.
De los 11 acusados, sólo uno ha sido juzgado y hallado culpable del delito de instigación a delinquir. Fue sancionado a nueve meses de privación de libertad, con la accesoria de privación de derechos.
El reporte de Escambray asegura que el ciudadano contó con representación letrada y no estableció recurso de apelación, y que incitó públicamente, a través de las redes sociales, a que los espirituanos salieran a la calle para “manifestarse contra el gobierno y subvertir el orden”.
Los otros nueve encausados, comentó la fiscal entrevistada por el medio oficialista, recibieron un tratamiento administrativo, consistente en multas de 5000 pesos.
